En un comunicado divulgado por el ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, Pretoria denunció que el reporte estadounidense se basa en información descontextualizada y testimonios desacreditados, “con hechos en trámite ante la justicia como si se tratara de ejecuciones extrajudiciales”.

Las autoridades cuestionaron que el informe cita casos de uso de fuerza policial o muerte de trabajadores rurales “sin reconocer que están siendo investigados por un poder judicial independiente o sometidos a los procesos democráticos correspondientes”.

La cancillería subrayó que Sudáfrica opera bajo un sistema transparente, en el que la información de organismos de seguridad y entidades constitucionales está a disposición pública, y que existen instituciones fuertes, conocidas como “Capítulo 9”, encargadas de proteger y promover los derechos humanos.

“Resulta paradójico que un país que se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y evita la rendición de cuentas en el sistema multilateral, publique informes unilaterales y sin diálogo previo”, agregó el Ministerio.

Pretoria destacó además que el reporte omite reconocimientos clave hechos por organismos internacionales.

Así, citó la reciente valoración de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la cual consideró la promulgación de la Ley de Expropiación de Tierras por el presidente Cyril Ramaphosa como “un paso crucial para abordar el histórico desequilibrio de la tenencia de la tierra en el país”.

Dicho respaldo, señaló el gobierno sudafricano, “da fe de la integridad de los procesos legislativos para corregir injusticias del pasado sobre bases constitucionales y de derechos humanos”.

La Cancillería también expresó su preocupación por la falta de autocrítica estadounidense ante problemas documentados dentro de su propio territorio, como el trato a refugiados o el incumplimiento de garantías procesales por dependencias como el ICE.

Frente a lo que considera “distorsiones”, Sudáfrica adelantó que publicará documentos oficiales y análisis de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (SAHRC), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y agencias noticiosas para “desmentir tergiversaciones e informar a la opinión pública local e internacional”.

En el comunicado, Pretoria reafirmó su disposición a abordar cualquier diferencia en materia de derechos humanos “por las vías diplomáticas adecuadas” y exhortó a la comunidad internacional a consultar fuentes verificadas, como informes de la ONU y pronunciamientos de la SAHRC, sobre la situación real de las garantías fundamentales en Sudáfrica.

La nota recuerda, por ejemplo, que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos elogió la entrada en vigor de la Ley de Expropiación, celebrando el proceso de consulta pública y la alineación con estándares internacionales y constitucionales sobre justicia y acceso equitativo a la tierra, destacando el compromiso sudafricano para superar desigualdades históricas.

Finalmente, el Ministerio reafirmó que Pretoria mantiene su “inquebrantable compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos”, señaló el comunicado oficial, y reiteró su rechazo a visiones “parciales y sin rigor” sobre el país.

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