La comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza la solicitud de la Corte Plena sobre el levantamiento de la inmunidad al mandatario y al ministro de cultura, Jorge Rodríguez, aprobó dos mociones para exigir con carácter urgente esos archivos a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso contra ambos gobernantes.

El primero de esos textos concede 24 horas al fiscal general, Carlo Díaz, para que facilite una declaración que el productor audiovisual Christian Bulgarelli rindió ante el Ministerio Público, sobre el pago de una estrategia en Internet para la Casa Presidencial.

La siguiente moción aprobada por las citadas instancias solicita a la Corte Suprema de Justicia una copia del informe que el magistrado suplente de la Sala Tercera (o Constitucional), Manuel Mena Artavia, entregó al Tribunal de la Corte Plena (órgano supremo del Poder Judicial).

Costa Rica permanece expectante ante el anuncio de que el presidente Rodrigo Chaves actuará el viernes en su defensa ante una acusación por presunta concusión en la Asamblea Legislativa.

El Congreso dirimirá si los cargos de la Fiscalía justifican la retirada del derecho a ese fuero que le corresponde a Chaves por su jerarquía, en una sesión sin precedentes ante un mandatario en ejercicio, pues ningún trámite de ese tipo llegó antes tan lejos.

La Asamblea Legislativa aprobó el 30 de julio la mencionada Comisión Especial para analizar el levantamiento de la inmunidad al presidente Chaves y al ministro Rodríguez.

El ente parlamentario, integrado por los diputados Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional; Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Daniel Vargas, por el oficialismo, propondrá al plenario una decisión sobre la anulación del también llamado fuero de improcedibilidad de ambos.

Los magistrados del Poder Judicial trasladaron el 28 de julio al Congreso una resolución de la Corte Plena para el levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) de Chaves y Rodríguez.

La Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, aprobó el 1 de julio trasladar al Congreso la denuncia penal de la fiscalía, que emplaza a ambos por el citado delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

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