En un acto en el Palacio de Gobierno, el gabinete ministerial en pleno se pronunció con una inusual declaración conjunta, leída por el primer ministro, Eduardo Arana.

El allanamiento de la casa de Nicanor Boluarte fue uno de una veintena de viviendas y oficinas e incluye al recientemente designado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, como cabeza de una presunta organización criminal.

El texto leído por Arana sostiene que la medida contra el hermano de la mandataria agravia al orden constitucional y afecta la gobernabilidad y la democracia, así como un abuso de poder del Ministerio Público.

Acusa a ese órgano de justicia de favorecer del lado del desgobierno y contra de la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y de la institucionalidad, “situación que como peruanos, no debemos permitir”.

También considera que “intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático”.

Tras invocar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, sostiene que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte y similares acciones desmedidas contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos evidencian un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que afecta derechos fundamentales.

Los ministros sostienen en el texto que la aplicación excesiva de medidas que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran como errores jurídicos inadmisibles, como la figura inexistente del denominado “tercero vinculado”, aplicado al hermano de la mandataria.

Agrega que las acciones rechazadas se producen tras un dictamen del Tribunal Constitucional que refuerza la inmunidad presidencial y “solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias”, añadió.

El texto no menciona al ministro de Justicia Santiváñez, cuyo estudio de abogados fue uno de los allanados y es considerado por la Fiscalía como jefe de una organización criminal que realizó actos delictivos cuando era ministro del Interior, hasta marzo de este año, en que dejó el cargo debido a que fue censurado por el Parlamento.

El pronunciamiento conjunto y su presentación en un acto oficial fue criticado en forma casi unánime por quienes consideran que está motivado por un problema que afronta un familiar de la presidenta y no un representante del Estado.

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