Con 106 votos a favor y ninguno en contra, la cámara alta avaló la iniciativa que faculta al Congreso para expedir una normativa dirigida a que el mencionado delito se unifique tanto en criterios como en sanciones en todo el país.
Según lo divulgado por el Senado en la red social X, se busca prevenir, investigar y sancionar este delito; se propone articular los recursos del Estado para su combate estratégico, y establecer mecanismos efectivos de atención a las víctimas y testigos.
“La extorsión, lamentablemente, es un delito en crecimiento y que ha demostrado adaptarse a las nuevas tecnologías, pero que además se ejerce con un alto, altísimo grado de impunidad”, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, al presentar el dictamen.
El 8 de julio último la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa de reforma constitucional en esa materia y señaló que se trataba del único delito de alto impacto que las autoridades no habían podido disminuir durante la presente administración, iniciada el 1 de octubre.
Al recordar la divulgación unos días antes de la estrategia nacional contra la extorsión, basada en ejes como la habilitación del 089 para llamadas confidenciales, la mandataria explicó que esta modificación a la ley refuerza lo presentado, sobre la base de que la denuncia “no descanse en la víctima”.
“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado”, explicó.
La estrategia nacional contra la extorsión, presentada por el Gabinete de Seguridad el 6 de julio, opera de manera prioritaria en ocho entidades que concentran el 66 por ciento del delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y esta capital.
Como parte del enfrentamiento a este y otros delitos de alto impacto, desde el 1 de octubre hasta el 8 de septiembre pasado, efectivos detuvieron a 32 mil 400 personas y decomisaron 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de estupefacientes.
Asimismo, en 22 estados de la República el Ejército y la Marina inhabilitaron mil 408 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.
Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, estas acciones han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia, reflejado en un descenso del 32 por ciento en los homicidios dolosos en 11 meses.
El Gobierno implementa una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.
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