De acuerdo con esa entidad, tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales que pertenecieron a las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera admitieron por escrito su participación en los crímenes, se refirieron a los daños ocasionados y expresaron su voluntad de contribuir a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios.

La investigación del órgano de justicia transicional constató cómo en las unidades de la Costa Caribe se consolidó una macroorganización criminal estructurada en nodos que se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales.

A ello se sumaron recompensas para quienes se destacaran en los reportes de muertes en combate, mientras que la ocurrencia de actos de encubrimiento contribuyeron a la implementación de una política orientada a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de inflar artificialmente los resultados operacionales.

La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, de 796 bajas reportadas entre enero de 2002 y diciembre de 2008 por 19 unidades militares de tres brigadas del Ejército Nacional en la Costa Caribe, 604 corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsos resultados operacionales.

Pese a la evidencia de la JEP, el brigadier general (r) Fabricio Cabrera, el mayor general (r) Raúl Rodríguez y el teniente coronel (r) William Peña no aceptaron su responsabilidad.

Sus procesos serán enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que definirá si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

A partir de estos reconocimientos, la magistratura definirá los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad.

En esta diligencia, los comparecientes de la fuerza pública deberán asumir públicamente su responsabilidad por los hechos cometidos y las afectaciones causadas ante la justicia, las víctimas y el país.

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