Resulta una reacción a la decisión del gobierno del presidente Yamandú Orsi de rescindir el contrato firmado en 2023 por el entonces ministro de Defensa Javier García, de la administración que encabezó Luis Lacalle Pou.
El miércoles último Orsi anunció el comienzo de un proceso para revocar el convenio e investigar por vía civil y penal la presunta participación de funcionarios públicos en la adquisición de esos buques.
La senadora del Frente Amplio, FA, Bettiana Díaz, anticipó que su bancada impulsará la creación de una comisión para analizar el asunto “hasta las últimas consecuencias”.
Fue una respuesta al ahora senador del Partido Nacional, Javier García, quien acusó al gobierno de orquestar una maniobra política en torno a la rescisión del contrato con Cardama
Díaz consideró que “es imposible, teniendo sentido común y un mínimo republicanismo, decir que defender al Estado uruguayo de una mala compra y una estafa es hacer política menor”.
La legisladora consideró que está bien denunciar “en lo penal y en lo civil”, al considerar que “hay responsabilidades éticas sobre el proceso de decisión”, por lo que se comprometió a “ir hasta el fondo para encontrar a los responsables”.
Por su parte el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, lamentó los dichos del senador García contra la decisión presidencial.
«No hay política menor, intentaron estafar al Estado. Si estamos ante eso hay que presentar una denuncia”, ripostó.
La adquisición de las patrulleras fue considerada como un caso de “gravedad institucional” por Orsi, quien ratificó la denuncia al señalar que “hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo”.
La víspera la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) saludó la intención de rescindir el convenio con el astillero Cardama y recordó que en más de una ocasión reclamó la capacidad de los trabajadores navales uruguayos, muchos en situación de desempleo, para acometer la construcción de las patrulleras.
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