Tal grupo está integrado por un oficial de la Policía Federal (PF) y nueve soldados de élite del Ejército, conocidos como los Kids pretos (Niños negros).

Al inicio del litigio, el ministro Alexandre de Moraes lee su informe y posteriormente la Fiscalía General y la defensa presentarán sus alegatos orales.

La corte superior también programó una segunda sesión para el 18 de noviembre.

Además de De Moraes, participan en el pleito otros cuatro ministros: Flávio Dino, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin.

El juez Luiz Fux no estará presente, pues solicitó su traslado a la segunda sala tras la jubilación de Luís Roberto Barroso.

Hasta la fecha, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aún no ha designado a su reemplazo.

Al grupo se les acusa de planear «acciones tácticas» para perpetrar el golpe y también es sospechoso de un complot para liquidar a autoridades.

Según las investigaciones, los militares planearon asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes.

El plan se denominó «Daga Verde y Amarilla» y las acciones planeadas incluían tácticas operacionales militares y la creación de una «Oficina de Gestión de Crisis Institucional».

La Fiscalía General solicitó la condena de nueve de los 10 acusados. Los delitos son: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños agravados mediante violencia y grave amenaza contra propiedad federal, y deterioro del patrimonio catalogado.

Ronald Ferreira de Araújo Júnior fue el único que escapó a la solicitud de condena. Presuntamente, ayudó al exmandatario Jair Bolsonaro a redactar el documento para decretar el golpe de Estado, según la PF. El Ministerio Público Federal afirma, sin embargo, que no existen «elementos adicionales» que vinculen a Ferreira de Araújo Júnior con los demás involucrados en la conspiración golpista.

De acuerdo con la Fiscalía General, los Niños negros presionaron al mando del Ejército para que se uniera al complot.

Los acusados actuaron en un momento decisivo, utilizando el aparato de fuerza del Estado y sus conocimientos técnicos especializados, poniendo en grave peligro la preservación del orden democrático.

Para la Procuraduría General de la República, los acusados contribuyeron a un propósito desestabilizador y violento.

Gracias a sus acciones, el alto mando del Ejército se vio sometido a una fuerte presión para culminar el golpe de Estado.

Las autoridades públicas fueron blanco de actos violentos y las fuerzas terrestres quedaron a disposición para fines criminales.

mem/ocs