Según el estudio presentado por el ombudsman, Eduardo Leblanc, el país istmeño tiene avances normativos, pero la realidad demuestra que todavía no protegen suficientemente a las mujeres.

“Los femicidios, la violencia física y sexual, la atención tardía y la violencia digital, siguen poniendo vidas en riesgo”, remarcó.

En ese sentido, el funcionario exigió fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar presupuestos específicos para la protección.

También se refirió a la propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer y revivir el Instituto Nacional de la Mujer bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Al respecto, comentó que no es importante si es ministerio o instituto, sino que se le otorgue el presupuesto adecuado para la ejecución de políticas claras en favor de una de las poblaciones más vulnerables.

Otro de los aspectos que subraya el informe es el desafío persistente para garantizar el acceso a servicios básicos y la seguridad de los menores.

Este 2025, se registraron casos de acoso escolar, infraestructura inadecuada y limitaciones en los sistemas de protección, según el documento.

Leblanc manifestó su complacencia por la reforma de la ley sobre la Alerta Amber, pero señala que no funciona como debería al no obligar a las empresas telefónicas a emitir el aviso de desaparición de forma automática y masiva en todos los dispositivos conectados a sus redes, como se hace en otros países.

En materia ambiental reconocieron iniciativas de gestión de residuos y adaptación climática, aunque se las calificó de insuficientes.

“El país aún tiene vertederos en condiciones críticas que requieren intervención inmediata”, indicó Leblanc, reiterando la importancia de cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú.

Además hizo referencia a la necesidad de abordar la discriminación en la comunidad LGBTIQ+, tanto en puestos de trabajo, en la sociedad y en las escuelas.

A pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos, el estudio señala además que la fragmentación institucional (Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social) sigue impactando negativamente a la población.

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