Esa es ya una decisión tomada, está en la Ley, se necesita un Reglamento y estamos en conversaciones con los distintos sectores de todas las situaciones, explicó el presidente del país, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa.

El mandatario aseguró que continúan en ese camino, a partir de que a finales de 2025 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitiera el Acuerdo Gubernativo 257-2025, que establece el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante.

Parte de ese diálogo, según explicaron analistas, está relacionado con representantes del sector transporte, productores de etanol, distribuidores de combustibles, gremiales empresariales y grupos ambientalistas.

La medida, acotaron, busca reducir la dependencia de combustibles fósiles, incentivar la producción local del biocombustible (derivado de la caña de azúcar u otras) y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

Aplicará, detallaron, únicamente a las gasolinas superior y regular, mientras el diésel, que representa el mayor volumen de consumo e importación en el mercado nacional, quedó fuera de la normativa del MEM.

“Rechazamos la implementación de la obligatoriedad, que vulnera los derechos de elección del consumidor al no poder ofrecer alternativas”, expresó casi al cierre del año pasado el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, Enrique Meléndez.

Hay dudas razonables sobre la existencia de certeza técnica y legal sobre la compatibilidad del parque vehicular autorizado para circular en el país y que pueda utilizar esta mezcla, subrayó el líder gremial al ser consultado por el diario local Prensa Libre.

Este territorio centroamericano es un país importador de los derivados del petróleo que se comercializan en el mercado interno; sin embargo, tiene cinco destilerías que producen etanol avanzado de melaza de caña, según datos oficiales.

Actualmente estas últimas comercializan en el exterior cerca del 80 por ciento de la producción y el plan –de acuerdo con expertos- persigue que se quede en el país.

No obstante, los estimados indican un déficit inicial de suministro de etanol para cubrir la demanda nacional de unos 50 millones de galones.

El Ejecutivo refirió días atrás que una parte importante del biocombustible podría importarse temporalmente de Estados Unidos, mientras la industria redirige sus exportaciones.

Un reglamento de 2023 anunció que la aplicación entraría en vigor el 1 de enero del 2025, lo cual recibió luego una moratoria de 12 meses y el titular del sector, Víctor Hugo Ventura Ruiz, lo pospuso más adelante.

npg/znc