El funcionario precisó que las actuales labores dentro de la empresa subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum, cuyo contrato con el Estado fue declarado inconstitucional en 2023 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solo responden al llamado Plan de Preservación y Gestión Segura.

Los legisladores cuestionaron la presencia de la compañía, incluso para esos trabajos, a lo que Moltó aclaró en su comparecencia que el mecanismo jurídico declaró inconstitucional el contrato de concesión no a la empresa Minera Panamá.

En ese sentido, explicó que la compañía sigue en el área bajo la obligación de eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales derivados de los 38 millones de toneladas de material mineralizado ya extraído y expuesto al ambiente.

“La Constitución y las leyes obligan al Gobierno a eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales. Lo ilegal sería no hacer nada frente a un riesgo comprobado”, remarcó.

El titular del MICI recalcó que no se trata de una reapertura de la mina ni de nuevas concesiones, sino de medidas técnicas y legales para mitigar el riesgo de drenaje ácido y contaminación de agua y suelos.

Añadió que la empresa está obligada a cubrir los costos de estas acciones y que el Estado recibe regalías por el material procesado y exportado, las cuales serán invertidas en obras de beneficio social, según dispuso el jefe de Estado, José Raúl Mulino.

Durante la sesión, varios diputados cuestionaron al ministro sobre el avance de la auditoría integral que se realiza en la mina.

Moltó respondió que el proceso está siendo ejecutado por la empresa SGS, contratada por el Ministerio de Ambiente mediante licitación pública, y que se trata de una auditoría financiada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la elaboración de los términos de referencia.

Agregó que ya se han publicado seis informes parciales de un total de ocho, y que se espera contar con el informe final en mayo. Subrayó que los resultados se están divulgando de manera transparente para que la ciudadanía conozca los hallazgos.

Algunos diputados expresaron su preocupación por el hecho de que la misma empresa cuyo contrato fue declarado inconstitucional sea la encargada de procesar y retirar el material.

La diputada Alexandra Pérez cuestionó por qué no se licitó la tarea a un tercero, señalando que la empresa ha actuado bajo la ilegalidad por dos fallos de la CSJ.

En ese sentido, Moltó respondió que licitar con otra compañía sería inviable, pues requeriría inversiones de entre siete mil y ocho mil millones de dólares en infraestructura y equipos, mientras que Cobre Panamá ya cuenta con la maquinaria y el puerto necesarios para procesar y exportar el material.

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