De acuerdo con un mensaje del funcionario divulgado en su cuenta de la red social X, el país aplica una política de tolerancia cero con la minería ilegal y los delitos ambientales

Apuntó además el titular que este año se intervinieron alrededor de dos mil 500 minas que funcionaban de manera irregular y destruido cerca de mil máquinas utilizadas para la extracción ilícita de minerales, lo que representa un aumento de resultados superior al 40 por ciento en comparación con el año anterior.

El pronunciamiento del funcionario ocurrió después de la divulgación de un artículo en el diario The New York Times, en el cual se expone que el grupo armado Clan del Golfo estaría extrayendo oro en los predios de una base militar en la base de La Mandinga, sede del Batallón Rifles 31, en el municipio de Caucasia, en Antioquia (noroeste).

En el texto, firmado por Federico Ríos, se expone que a pesar de que la explotación minera tenía lugar a pocos metros de donde están apostados los militares, el comandante de la base, coronel Daniel Echeverry, desconocía lo que allí sucedía.

Al parecer, según el periodista, el artículo sería parte de una investigación también difundida por el mismo periódico mediante el cual se revelan presuntos nexos comerciales entre la Casa de la Moneda de Estados Unidos con un grupo narcotraficante de Colombia, al que se le compraría oro para luego hacerlo pasar como estadounidense.

En respuesta a los textos, el ministro de Defensa del país neogranadino sostuvo que ordenó “una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia” sobre sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de la unidad militar.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, expresó Sánchez.

El general en retiro no solo insistió en la disposición de actuar de manera articulada con todas las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley, sino que aseguró que la respuesta será contundente.

Un informe divulgado el pasado año por la Procuraduría reveló que, durante los últimos diez años, se reportó la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, cuyos efectos perjudican a más del 50 por ciento de los municipios.

Alertó el estudio además que se detectaron niveles superiores a los límites permisibles de mercurio en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y Santander y también se identificaron concentraciones muy nocivas de plomo en los departamentos de Guainía, Chocó, Cauca y Santander.

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