Según explicó Herrera en un comunicado institucional, la Dirección de Recursos Humanos del órgano legislativo certificó que no tramitó ni autorizó licencia sin sueldo alguna para ninguno de los 39 afectados.

La ley es clara en este punto: solo la entidad nominadora —en este caso, la Asamblea— tiene facultad para autorizar ese tipo de licencias.

La Contraloría, según el propio decreto que invoca para justificar la medida, debe originar el trámite desde la Dirección de Recursos Humanos de cada institución, un paso que se violó, según denuncian.

A esto se suma que ninguno de los funcionarios afectados ha sido notificado formalmente de que está bajo investigación.

Herrera dijo a Radio Panamá que no consta en los archivos administrativos del parlamento notificación formal proveniente de autoridad competente relativa a la apertura de procesos, investigaciones o actuaciones administrativas en contra de los servidores públicos mencionados.

Por su parte, en nota de prensa, el contralor Anel Flores reconoció públicamente que suspendió el pago a siete funcionarios del primer poder del Estado desde la segunda quincena de marzo, como parte de de procesos de verificación e investigación.

Además, anunció que a partir de la segunda quincena de abril la medida se extendería formalmente a más trabajadores.

La razón esgrimida es que los servidores públicos no registran su asistencia en el listado obligatorio.

Al respecto, diputados independientes de la coalición Vamos presentaron pruebas de que varios de los afectados sí registran su presencia mediante sistemas electrónicos.

Sin embargo, la Asamblea no cuenta con un formato único de control de asistencia aplicable de manera uniforme a todos los despachos legislativos, como contempla el artículo 160 de su reglamento interno, según el propio Herrera.

Todos los funcionarios afectados trabajan en despachos de diputados de Vamos, la bancada opositora más grande del hemiciclo.

La coincidencia que encendió el conflicto es que familiares del contralor Flores son propietarios de un ingenio azucarero, y la bancada Vamos ha sido una de las voces más críticas frente al proyecto de ley que promueve el uso obligatorio del etanol anhidro, producto directamente vinculado a esa industria, para mezclar con los combustibles, agregó el informativo.

Recientemente, el jefe de esa bancada, Roberto Zúñiga, calificó lo ocurrido como un acto de persecución.

A juicio de varios legisladores por libre postulación, es la primera vez que la Contraloría suspende salarios y atribuye licencias sin sueldo sin consultar a la institución nominadora y sin notificar a los propios afectados, quien aún desconocen si recibirán la debida remuneración.

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