La medida responde a la pérdida de legitimidad de esa unidad, porque lastimosamente perdió la credibilidad ciudadana y existe la necesidad de revisar expedientes, resultados y actuaciones internas, explicó la autoridad.

El estudio interno por el funcionamiento de la FECI puede alcanzar a cualquier funcionario o exfuncionario del MP, incluida la exfiscal general María Consuelo Porras, si existen pruebas y hechos concretos, subrayó en conferencia de prensa.

Puede ser ella, el secretario Ángel Pineda, quien sea, si es de manera real, con base en pruebas, con hechos concretos y haciendo un análisis objetivo, remarcó García.

Aseguró que quienes dirigieron fiscalías deberán rendir cuentas y que la evaluación del MP del trabajo no se limitará a cifras, sino a la calidad de las investigaciones y al esclarecimiento de delitos.

“El indicador que de verdad importa no es cuántos expedientes se mueven, sino cuántos delitos se esclarecen”, aclaró el funcionario.

Anunció también la evaluación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, mientras expresó se realizará una auditoría interna para evaluar la gestión saliente.

Además, acotó, se plantea crear una comisión para analizar los casos en contra de operadores de justicia que se encuentran exiliados.

Refirió la integración de una comisión especial para revisar casos de criminalización y explicó que el proceso se realizará con imparcialidad y objetividad, sin espacio para persecuciones sin debido proceso.

Se realizará un exhaustivo análisis de los casos que se encuentran bajo reserva judicial, detalló.

La Fiscalía no responde a intereses políticos ni particulares, debe regirse por la ley y no por agendas externas, consideró García.

El MP no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario, añadió. Señaló que el reto central será recuperar la confianza ciudadana en los próximos cuatro años.

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