El Ministerio del Interior informó este lunes que en total fueron arrestadas cinco mil 23 personas durante los operativos realizados cada noche entre las 23:00 y las 05:00 (hora local) durante los últimos 15 días.
De los capturados, dos fueron considerados “objetivos de alto valor”, es decir, estaban entre los más buscados, y otros 85 tenían interés penal relevante para la Policía Nacional.
Durante la restricción, policías y militares ejecutaron 378 allanamientos y decomisaron 630 armas blancas y de fuego, tres mil 78 municiones y mil 140 explosivos.
Las fuerzas de seguridad también incautaron 9,2 toneladas de droga, 84 mil 221 galones de combustible, 17 camiones, 14 embarcaciones, 370 retroexcavadoras y nueve mil 353 dólares en efectivo.
Además, fueron retenidos mil 39 vehículos y 882 motocicletas.
También hubo acciones contra la minería ilegal y las autoridades intervinieron tres pistas clandestinas, ocho bocaminas, 17 motores fuera de borda y 566 sacos de material aurífero.
El toque de queda rigió en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas.
También se aplicó en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
Gremios empresariales y comerciantes advirtieron que el cierre de las actividades nocturnas afectó a restaurantes, bares, transporte y pequeños negocios que dependen de la operación en el horario de la noche, especialmente en zonas urbanas y turísticas.
El Gobierno sostuvo, por su parte, que el impacto económico de corto plazo es menor frente al costo que representa la expansión del crimen organizado, y defendió el toque de queda como una medida excepcional para recuperar la seguridad.
El presidente Daniel Noboa decretó la limitación de la movilidad en el marco del estado de excepción y de la declaratoria de conflicto armado interno vigente desde 2024, con la que el Gobierno catalogó a las bandas criminales como organizaciones terroristas.
Analistas consideran que los estados de excepción ofrecen resultados temporales y afirman que la reducción sostenida de la violencia requiere fortalecer la inteligencia y las instituciones.
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