El abogado Washington Andrade explicó que el pedido se sustenta en la causal dos del artículo 129 de la Constitución, que contempla la posibilidad de fiscalización política por parte de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La no atención o bloqueo a esta petición ciudadana, evidenciará, sin lugar a dudas, que el único camino que nos queda para librarnos de este mal gobierno es la revocatoria del mandato, manifestó Andrade, quien acudió este viernes al Legislativo acompañado de representantes de organizaciones sociales.

La Plataforma sostiene que existe una presunta responsabilidad política del mandatario relacionada con este caso.

La justicia ecuatoriana ordenó este viernes prisión preventiva contra el exministro de Energía Antonio Goncalves y otros exfuncionarios por presunto peculado en contratos eléctricos firmados con la empresa Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.

La Fiscalía sostiene que las irregularidades en contratos para proyectos termoeléctricos con la estadounidense Progen provocaron un perjuicio al Estado superior a los 100 millones de dólares.

“Quién puede creer que (Noboa) no tuvo conocimiento del avance del avance de las negociaciones de esos contratos (…), esto determina una responsabilidad política”, afirmó Andrade.

Recordó que el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) fue sometido a juicio político por un caso de peculado, una de las causales que consta en la Carta Magna ecuatoriana.

A pesar de la solicitud, Marcelo Ushiña, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc), reconoció que el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea y se opondrá a avanzar con un enjuiciamiento al gobernante.

Pero eso no quiere decir que la sociedad civil no esté presente, dijo a la prensa el dirigente campesino.

En relación con el caso Apagón, el abogado y analista político Mauro Andino señaló que es “el mayor escándalo de corrupción” de la administración de Noboa y cuestionó que las investigaciones no alcancen a funcionarios de mayor jerarquía.

Según denunció, dictaron prisión preventiva a los técnicos que denunciaron el atraco y se opusieron a comprar chatarra, pero a los altos funcionarios del gobierno que incluso viajaron a Estados Unidos para validarlo todo, los dejan libres e impunes.

“La justicia en este país está podrida. Es dura con los débiles y débil con los duros. Los pillos que aún son ministros y forman parte del poder deben estar sonriendo a carcajadas”, manifestó Andino.

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