El juez Vinicio Rodríguez acogió este viernes el pedido de la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de formulación de cargos contra 21 procesados, entre ellos antiguos directivos de la estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
La Fiscalía sostiene que las irregularidades en contratos para proyectos termoeléctricos con la empresa estadounidense Progen Industries LLC provocaron un perjuicio al Estado superior a los 100 millones de dólares.
El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, afirmó que buena parte del monto investigado corresponde al anticipo del 70 por ciento entregado a Progen durante la emergencia eléctrica declarada en 2024.
Además de Goncalves, el magistrado dispuso prisión preventiva para otros 18 procesados, entre ellos el exgerente de Celec Fabián Calero y varios integrantes de comités técnicos relacionados con los proyectos investigados.
El magistrado solicitó notificación roja de Interpol contra Karla Saud y Williamson Andrew Scott, representantes de Progen residentes en Estados Unidos, para su localización y captura.
La Contraloría ecuatoriana concluyó previamente que los contratos ocasionaron pérdidas millonarias al Estado por incumplimientos e irregularidades detectadas en las empresas contratistas.
Si bien el Gobierno canceló posteriormente los contratos con Progen Industries LLC y también con la firma Austral Technical Management, ya había entregado pagos anticipados.
Durante la audiencia, las defensas rechazaron la teoría de la Fiscalía y aseguraron que varios procesados cumplían funciones técnicas u operativas sin capacidad de decisión sobre los contratos investigados.
Los abogados también cuestionaron que la investigación no incluyera al entonces ministro encargado de Energía y actual titular de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque.
En referencia al caso, el presidente Daniel Noboa afirmó este jueves, en una carta pública difundida en redes sociales, que “deben ir presos los culpables”, aunque rechazó acusaciones que buscan vincular políticamente a su Gobierno con el caso.
Por su parte, el abogado y analista político Mauro Andino calificó el caso Progen como “el mayor escándalo de corrupción” de la administración de Noboa y cuestionó que las investigaciones no alcancen a funcionarios de mayor jerarquía.
Según denunció, dictaron prisión preventiva a los técnicos que denunciaron el atraco y se opusieron a comprar chatarra, pero a los altos funcionarios del gobierno que incluso viajaron a Estados Unidos para validarlo todo, los dejan libres e impunes.
“La justicia en este país está podrida. Es dura con los débiles y débil con los duros. Los pillos que aún son ministros y forman parte del poder deben estar sonriendo a carcajadas”, manifestó Andino.
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