La presidenta del partido, Gabriela Rivadeneira, presentó un reclamo formal ante el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, en busca de revertir la sanción, basada en un pedido de la Fiscalía por un supuesto delito de lavado de activos.

El documento firmado por Rivadeneira señala que el magistrado aplicó la suspensión sin respetar la proporcionalidad ni el debido proceso.

La dirigente aseveró que la RC no es investigada formalmente como organización, sino algunos de sus líderes e integrantes, entre ellos el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y la excandidata a la jefatura del Ejecutivo Luisa González.

En ese sentido, desestimó las narrativas sobre un supuesto financiamiento a la campaña de la organización de 2023 proveniente de Venezuela.

Otro de los puntos que trata la demanda de Rivadeneira es el “estado de indefensión” en el que se encuentra el partido, debido a que el proceso está bajo reserva, con lo cual la RC está imposibilitada de presentar pruebas de descargo mientras la orden de suspensión sigue vigente.

“¿Cómo, señor juez, puedo solicitar la revocatoria de una suspensión ilegal y sin ningún mérito, si todo es reservado?”, cuestionó.

Por su parte, Correa se refirió en su cuenta de X a la suspensión del partido y la calificó como una proscripción sin ley, sin hechos, sin derechos.

“Es una de las más grandes monstruosidades judiciales de la historia del país y rompe toda noción de democracia. El silencio de la Academia, Iglesia, prensa, embajadas, etc., es realmente ensordecedor. No tenemos jueces electorales: tenemos tan solo delincuentes de corbata”, denunció el exgobernante.

Pese a que la suspensión impide la participación de los militantes de la RC en los comicios locales del 29 de noviembre en representación de su partido, recientemente Rivadeneira confirmó que sí presentarán candidatos bajo alianzas con otros grupos políticos.

“Tenemos en proceso la articulación de varios actores provinciales que nos van a permitir garantizar nuestra participación”, afirmó la dirigente, aunque evitó revelar los nombres de las agrupaciones con las que competirán para evitar que sean víctimas de persecución.

“Encarcelan inocentes, proscriben partidos políticos y juegan con árbitro electoral comprado. Así ¿de qué democracia podemos hablar? Esperar algo de justicia es inútil. Vamos a estar en la papeleta electoral, aunque pretendan eliminarnos”, subrayó la prefecta de Pichincha, Paola Pabón .

En las elecciones seccionales de noviembre se renovarán alcaldías, prefecturas, concejos municipales y juntas parroquiales, además de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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