La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación ordenó la aprehensión de Genaro López, líder histórico del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (Suntracs), quien permanecía bajo retención domiciliaria.
Asimismo, agentes policiales allanaron la residencia de Marcos Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), y lo condujeron bajo custodia, pese a que el dirigente había advertido con anterioridad sobre lo que consideró una acción de persecución política en su contra.
Andrade fue el principal vocero del movimiento sindical panameño durante la reciente 114 Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde denunció presuntos abusos y atropellos contra diversas organizaciones obreras por parte de la administración del presidente José Raúl Mulino, en particular de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.
En ese foro, Panamá fue incluida en la lista de las 24 naciones señaladas por violaciones a la libertad sindical y otros derechos laborales y humanos, lo que obliga al Ejecutivo a responder ante la OIT sobre las medidas que adoptará para atender esas observaciones.
Los sectores sindicales rechazaron categóricamente las detenciones y las calificaron de represalia política contra dirigentes que han encabezado movilizaciones sociales.
El pasado miércoles, Andrade escribió en su cuenta en la red social X que la Conusi asume el costo de sus luchas contra la minería metálica a cielo abierto, los embalses para el Canal y en defensa de la libertad sindical y la democracia en el país.
Las detenciones se produjeron como parte de la denominada Operación SEDU, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Policía Nacional. De acuerdo con las autoridades, a los dirigentes se les investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
Según un informe del Ministerio Público, las diligencias de allanamiento y registro, autorizadas por un juez de garantías, se realizaron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, donde fueron ubicados indicios relacionados con hechos ocurridos entre 2019 y 2023.
La investigación se originó tras una auditoría que detectó supuestas irregularidades en el manejo de recursos estatales asignados a la Conusi, provenientes del cinco por ciento del seguro educativo que aportan trabajadores de los sectores público y privado.
La Fiscalía sostiene que esos fondos no fueron destinados a la promoción de la educación sindical ni a la reparación de escuelas, como establece la normativa, sino a otros fines no contemplados por la ley, lo que habría ocasionado una lesión patrimonial al Estado estimada en más de 750 mil dólares.
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