El resultado de la investigación será remitido al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, relator del proceso que examina el destino de esos recursos.

La auditoría busca establecer si el dinero de las enmiendas parlamentarias fue aplicado en los proyectos para los que fue oficialmente asignado o si entidades vinculadas a la productora del filme actuaron como intermediarias para canalizar recursos públicos hacia la producción audiovisual.

Según reportó Brasil 247, los auditores rastrearán el flujo del dinero, verificarán la ejecución de los proyectos financiados y analizarán la documentación que respalde las actividades realizadas con esos fondos.

Entre los casos bajo análisis figura una enmienda parlamentaria de dos millones de reales (más de 392 mil dólares) asignada por el diputado federal Mário Frias, del Partido Liberal, al Instituto Conhecer Brasil (ICB), organización relacionada con la productora de “Dark Horse”.

En su defensa presentada ante el STF, Frias negó cualquier irregularidad y sostuvo que los recursos fueron destinados a proyectos de inclusión digital, alfabetización, emprendimiento y actividades deportivas para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, rechazó las sospechas de que el dinero hubiera sido desviado hacia la producción cinematográfica y afirmó que no existe prueba alguna que sustente esa acusación.

Paralelamente, la Policía Civil del Estado de São Paulo desarrolla otra investigación para esclarecer si recursos públicos vinculados a un contrato de prestación de servicios de internet inalámbrica (Wi-Fi), suscrito entre una entidad ligada a la empresaria Karina da Gama y la alcaldía de São Paulo, pudieron ser utilizados de forma indirecta para financiar la película.

A comienzos de este mes, tres empresas controladas por Gama, socia de la productora responsable del largometraje, fueron objeto de órdenes de registro e incautación durante la denominada Operación Wi-Fi.

Según la investigación policial, existen indicios de que la producción de Dark Horse comenzó mientras el ICB recibía millonarios recursos públicos, lo que justifica profundizar las pesquisas sobre un eventual desvío de finalidad y posible confusión patrimonial entre la empresaria y la firma Go Up.

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