La respuesta responde a la decisión de un juez de garantías de imponer medidas cautelares a Genaro López, líder histórico del sindicato de la construcción, y a Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, acusados del manejo irregular de los recursos de esas agrupaciones.
En la audiencia, a López se le imputó el presunto delito de peculado doloso agravado y deberá presentarse dos veces por semana ante las autoridades. Andrade fue imputado por los supuestos delitos de peculado doloso agravado y blanqueo de capitales, por lo que cumplirá detención domiciliaria.
La investigación del Ministerio Público se refiere a una presunta lesión patrimonial al Estado por 750 mil 951 dólares, correspondiente al manejo de recursos provenientes del cinco por ciento del Seguro Educativo, aportado por trabajadores de los sectores público y privado y destinados a programas de capacitación sindical.
En declaraciones a la prensa, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Yamir Córdoba, rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso constituye una persecución política contra dirigentes obreros por parte del actual gobierno.
Córdoba afirmó que los desembolsos solo podían realizarse tras superar los controles del Instituto Panameño de Estudios Laborales, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y la Contraloría General de la República, por lo que cuestionó que ahora se aleguen supuestas irregularidades.
El dirigente consideró que las acciones judiciales responden a la denuncia presentada recientemente por los gremios ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde, según indicó, se expusieron violaciones a la libertad sindical y a los derechos laborales en el país.
Recordó además que el Comité de Aplicación de Normas de la OIT incluyó a Panamá entre los 23 gobiernos que deberán responder por denuncias relacionadas con presuntas violaciones a derechos laborales.
A su juicio, la respuesta de las autoridades ha sido mantener procesos judiciales contra líderes sindicales.
La investigación fue abierta tras una denuncia presentada en agosto de 2025 por la ministra de Trabajo, Jackelin Muñoz, sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos para educación sindical.
El abogado del Suntracs, Antonio Vargas, aseguró que todos los gastos fueron debidamente sustentados y avalados por la Contraloría.
Vargas denunció además que el Ministerio Público impulsa procesos amañados para debilitar al sindicato, en momentos en que se reabre el debate sobre la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, proyecto al que las organizaciones obreras, junto al movimiento popular y ambientalistas mantienen su firme oposición.
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