La organización informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado a responder en 30 días y a presentar un cronograma para la entrega de documentación clave sobre esos casos.
El pronunciamiento del CDH, divulgado este martes, se produjo tras una reunión de trabajo celebrada el pasado 5 de junio en el marco de la medida cautelar MC 402-25, otorgada por la CIDH a favor de personas presuntamente desaparecidas después de intervenciones de agentes estatales.
En el encuentro participaron representantes del CDH, del Comité de Familiares por Verdad y Justicia por Nuestros Desaparecidos, integrado por madres y mujeres buscadoras, así como delegados del Estado ecuatoriano.
Según la organización, durante la reunión las instituciones estatales no justificaron por qué el Ministerio de Defensa no ha entregado de forma completa y oportuna información considerada indispensable para establecer el paradero de las personas desaparecidas e identificar a los responsables.
Como resultado de la sesión, la CIDH dispuso que el Estado remita una respuesta escrita sobre patrullas, unidades militares y personal involucrado en los hechos.
El CDH sostuvo que esa documentación resulta fundamental para esclarecer más de 51 casos de presunta desaparición forzada atribuidos a agentes estatales y aseguró que, en algunos expedientes, la información ha sido entregada parcialmente o con retrasos de hasta dos años.
Asimismo, señaló que la información requerida “no puede ser ocultada bajo argumentos genéricos de reserva”, al estar relacionada con posibles graves violaciones de derechos humanos.
El colectivo defensor de derechos humanos en Ecuador también insistió en que las investigaciones deben alcanzar no solo a los agentes que habrían ejecutado las detenciones o traslados, sino también a los mandos militares que pudieron encubrir los hechos.
La medida cautelar MC 402-25 protege a 26 personas presuntamente desaparecidas y a seis mujeres buscadoras que reclaman el esclarecimiento de estos casos, ocurridos durante operativos en el contexto de la política de seguridad aplicada por el Gobierno ecuatoriano.
Ante la violencia existente en Ecuador, desde enero de 2024 está vigente una declaratoria de conflicto armado interno, ratificada el pasado 18 de junio, con la cual el Ejecutivo declaró una guerra a bandas criminales que implica la militarización de acciones de seguridad interna.
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