Denominada Rent a Car, la iniciativa se desarrolla por orden del Supremo Tribunal Federal y comprende el cumplimiento de medidas judiciales en el Distrito Federal y los estados de Goiás y Minas Gerais, con el propósito de recolectar y preservar pruebas.

Según la PF, las pesquisas apuntan a la posible participación de agentes públicos, particulares y empresas que habrían sido utilizadas para conferir apariencia de legalidad a la circulación de recursos públicos presuntamente desviados.

Los investigadores también detectaron indicios de posibles intentos de ocultar o alterar evidencias, una conducta que podría configurar el delito de fraude procesal, además de los presuntos ilícitos de peculado, lavado de activos y asociación criminal.

Agencia Brasil agregó que esta investigación constituye la tercera fase de una operación iniciada para esclarecer supuestas irregularidades en la contratación de una empresa de alquiler de vehículos con fondos provenientes de la Cuota para el Ejercicio de la Actividad Parlamentaria.

Ese es un mecanismo presupuestario destinado a cubrir gastos vinculados al desempeño del mandato de los legisladores federales, puntualizó la fuente.

La nueva fase busca profundizar el rastreo del recorrido del dinero y determinar su destino final, además de identificar la eventual participación de otros implicados en el esquema bajo investigación.

El STF autorizó las acciones pues las pesquisas involucran a personas con fuero especial, aunque las autoridades no divulgaron los nombres de los investigados ni el número de órdenes judiciales ejecutadas durante la jornada.

De acuerdo con la legislación brasileña, las personas investigadas solo podrán ser responsabilizadas penalmente si las acusaciones son confirmadas en el transcurso del proceso judicial.

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