La iniciativa fue impulsada por los diputados federales Rogério Correia, Lindbergh Farias y Alencar Santana, quienes defienden la necesidad de actualizar el Código Penal para responder a nuevas formas de amenaza contra la independencia del Estado brasileño y sus intereses estratégicos.

El proyecto establece penas de ocho a 20 años de prisión, además de multa, para quienes actúen en articulación con intereses extranjeros y ejecuten acciones que atenten contra la soberanía nacional, la independencia económica, la estabilidad institucional o los intereses estratégicos del país.

Las conductas que pasarían a constituir el delito incluyen la entrega de información confidencial o estratégica a agentes extranjeros, y la cesión o enajenación de recursos naturales, patrimonio público o infraestructura crítica en condiciones consideradas perjudiciales para Brasil.

Como parte de la propuesta también hay sanciones para quienes promuevan o faciliten la injerencia extranjera en los poderes de la República, el proceso electoral, las Fuerzas Armadas o la formulación de políticas públicas.

Los legisladores incluyeron salvaguardas para evitar interpretaciones que restrinjan derechos fundamentales, por lo que el texto protege expresamente la crítica política, la libertad de manifestación, el ejercicio legítimo del periodismo y la cooperación internacional prevista en tratados ratificados por el Congreso Nacional.

Según Correia, citado por el portal Brasil 247, las amenazas a la soberanía brasileña ya no se limitan a los conflictos armados tradicionales, sino que también pueden manifestarse mediante articulaciones políticas, económicas y diplomáticas orientadas a debilitar al Estado o subordinar los intereses nacionales a agendas externas.

Los autores sostienen que el ordenamiento jurídico brasileño ya contempla delitos contra el Estado Democrático de Derecho y la seguridad nacional.

Sin embargo, advierten que aún existe un vacío legal para responsabilizar a personas que, desde posiciones políticas, institucionales o económicas, actúen en connivencia con agentes extranjeros contra los intereses del país.

Con la propuesta, los diputados del PT aseguran que buscan fortalecer los mecanismos legales de defensa de la soberanía nacional, la independencia de las instituciones republicanas y los intereses estratégicos de Brasil frente a escenarios de presión externa e inestabilidad política, apuntó el medio.

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