La ganadora del cargo por estrecho margen en el balotaje del 7 de junio declaró a la prensa del país vecino que hay muchas similitudes en la problemática del desborde de la delincuencia, por lo que espera compartir muchas soluciones.

Elogió las medidas tomadas en ese campo por el gobernante vecino, Daniel Noboa, y agregó que “eso mismo haremos desde el Perú y, lo más importante, esperamos pues tener una cooperación constante en compartir la información, cuidar nuestras fronteras y trabajar conjuntamente.

“¿Cuántos límites está dispuesto a cruzar un Gobierno en nombre de la seguridad?”, comentó al respecto la edición de Internet del diario La República.

El periódico afirmó que en la administración del neoliberal Noboa se ha deteriorado la situación de los derechos humanos por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, maltratos en prisión y la declaración de un conflicto armado interno sin cumplir criterios objetivos, según las organizaciones de derechos humanos de Ecuador.

“Pese a ello, Keiko Fujimori planea tomar como referencia las acciones de Noboa para enfrentar la inseguridad en Perú”, agregó.

De otro lado, dos reuniones sostenidas hoy por la mandataria electa confirman que su principal preocupación es lo que llama restablecer el orden con mano dura, como hizo su padre como gobernante (1990-2000) que derrotó a los grupos armados.

Tal visión fue respaldada por los excandidatos de derecha extrema, el ex oficial de inteligencia Wolfgang Grozo y el cómico de televisión Carlos Álvarez, quienes coinciden en la mano dura hasta restablecer la pena de muerte y en que como candidatos se presentaron como ajenos a posiciones políticas.

Fujimori no ha llegado a ese extremo y tiene previsto que las Fuerzas Armadas operen con la Policía Nacional, en primera instancia en los presidios hacinados desde los cuales siguen actuando las bandas de extorsionadores y sicarios a su servicio.

El abogado Carlos Rivera, especializado en derechos humanos, desaconsejó aplicar en Perú la receta ecuatoriana que, dijo, no ha dado grandes resultados y ha deteriorado la vigencia del Estado de derecho, ha militarizado la seguridad pública y debilitado la gobernabilidad.

Agregó que aplicarla en Perú sería como echarle leña al fuego y carecería de eficacia, la criminalidad en este país tiene otras características, como la asociación de las llamadas economías ilícitas con la corrupción política.

Argumentó que, además, en Perú se han tomado medidas drásticas que no han dado resultados, como la tipificación de nuevos delitos y la militarización de zonas de minería ilegal y áreas urbanas

Rivera aseveró que las políticas de mano dura, lejos de reducir la criminalidad, van a afectar los derechos humanos de la ciudadanía.

El analista internacional Ramiro Escobar aseveró que aplicar en Perú políticas anti-crimen vigentes en Ecuador o cualquier otro país no sería factible porque cada país tiene una situación distinta.

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