Washington sostiene que la decisión responde a la investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, fueron interpretadas por parte de la prensa como indicio de motivaciones que trascienden lo estrictamente comercial.

En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de la diplomacia estadounidense vinculó las tarifas del 25 por ciento anunciadas ayer a que supuestamente el Gobierno brasileño no actuó “de buena fe” y al “ego” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para la revista Forum, ese pronunciamiento muestra al llamado “tarifazo” como el primer acto de injerencia de Washington a favor del senador Flávio Bolsonaro en la disputa contra Lula de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

En declaraciones a medios locales de prensa, el Gobierno brasileño ha rechazado la versión de que no negoció con fuerza para impedir la aplicación del arancel, que debe entrar en vigor el 22 de julio.

La Cancillería del gigante sudamericano asegura que promovió más de 30 contactos con autoridades estadounidenses durante el último año, entre reuniones presenciales, videoconferencias y conversaciones telefónicas, para evitar las sanciones.

De acuerdo con el Palacio de Itamaraty, no existían razones técnicas para justificar el endurecimiento de las sanciones, y diplomáticos brasileños citados por el periodista Igor Gadelha en el portal Metrópoles hablan de una «politización evidente» del proceso.

Esas fuentes indicaron que Brasil inicialmente estaba incluido en una franja de arancel mínimo y que el endurecimiento posterior obedeció a una “motivación política”, al recordar que el año pasado Donald Trump vinculó medidas de ese tipo con la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro.

La interpretación del Palacio de Planalto también considera que el tarifazo forma parte de una estrategia para influir en el escenario político brasileño durante la campaña hacia las elecciones presidenciales.

Tal lectura ganó fuerza después de la visita de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, tras lo cual, según G1, hubo una percepción de que el ambiente de las negociaciones cambió, aun cuando Brasil continuó buscando un entendimiento diplomático.

El propio senador, principal precandidato de la derecha para las elecciones presidenciales, compartió en X el mensaje de Rubio responsabilizando a Lula por las tarifas y afirmó que el mandatario «ya no tiene condiciones de ser presidente».

Pero medios de prensa y usuarios de redes sociales llamaron la atención sobre el hecho de que el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y figuras cercanas a él pidieron en el pasado al Gobierno de Trump a adoptar este tipo de medidas contra Brasil.

Incluso, recientemente, cuando el legislador llamó a Estados Unidos a no aplicar los aranceles, esgrimió argumentos de carácter electoral, al pedir que fueran aplazados hasta después de los comicios, para evitar que favorecieran políticamente a Lula.

Desde el oficialismo, existe el criterio de que los intentos de responsabilizar al Gobierno por la decisión de Washington carecen de credibilidad.

El líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, Pedro Uczai, acusó a Flávio y a su hermano Eduardo Bolsonaro de actuar contra la economía nacional al priorizar intereses electorales sobre los del sector productivo brasileño.

Uczai sostuvo que la solicitud de aplazar las sanciones por 180 días demuestra que la preocupación central era el calendario electoral y no impedir las medidas, y añadió que los intentos posteriores de modificar ese discurso responden al costo político generado.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, por su parte, afirmó que el tarifazo tiene «dos padres»: Donald Trump y Flávio Bolsonaro, y consideró que la medida busca favorecer electoralmente a la derecha y castigar al Ejecutivo de Lula.

Esa percepción trasciende al entorno gubernamental y se aprecia también en la opinión pública, porque, según una encuesta de Genial/Quaest, divulgada por G1, el 51 por ciento de los brasileños coincide en responsabilizar a Flávio Bolsonaro por el tarifazo, mientras el 30 por ciento ve a Lula como el culpable de esa acción estadounidense.

Aunque el estudio fue realizado del 10 al 13 de julio, antes de la confirmación ayer de que se adoptarían el nuevo gravamen, refleja el criterio de una parte importante del electorado sobre la participación del senador en esta medida.

En conjunto, los acontecimientos muestran que el nuevo arancel difícilmente puede analizarse solo como una decisión comercial, en momentos en los que diversas voces dentro y fuera de Brasil mantienen las alertas sobre el continuo interés de Trump en interferir en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

ool/mar