Se contabilizan 211 episodios catastróficos en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, según los datos ofrecidos este martes en rueda de prensa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El acuerdo, adoptado a propuesta del Ministerio del Interior, comprende emergencias registradas en Andalucía, Aragón, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Abarca a los incendios de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Toledo que motivaron el pasado 23 de julio la declaración de emergencia de interés nacional, la primera adoptada en España por incendios forestales.

Asimismo, incorpora el fuego de Vall d’Uixó (Castellón), cuyas labores de extinción continúan, al igual que en los anteriores. Se calculan más de 172 mil hectáreas calcinadas en España en lo que va de 2026.

A propósito, Sánchez recordó que los siniestros causaron ya la muerte de más de una decena de personas y reiteró la pregunta de qué más tiene que pasar (…), “para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática».

Igualmente, repitió la idea de que «la emergencia climática mata» y el negacionismo «desarma» a quienes deben proteger a la población, porque impide anticipar «la envergadura del desafío».

El texto aprobado por el Consejo de Ministros recoge además emergencias provocadas por lluvias, tormentas, fenómenos costeros, desprendimientos, incendios industriales, accidentes con mercancías peligrosas e incidentes en instalaciones químicas.

Además, incorpora, fuera del periodo general, los fuertes vientos ocasionados en Cataluña por la borrasca Marta el pasado 9 de febrero.

De tal forma, con este acuerdo, los damnificados pueden solicitar las ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de las corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Igualmente, podrán subvencionarse las prestaciones personales o de bienes realizadas para responder a las emergencias y aprobarse exenciones de las tasas por duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados.

De otro lado, la declaración abre la vía a beneficios fiscales, medidas laborales y exenciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social.

Habrá ayudas por un importe de hasta el 50 por ciento a los proyectos que ejecuten las entidades locales.

El jefe del Ejecutivo remarcó que la emergencia climática es una prioridad y puntualizó que su Gobierno ha reforzado su dispositivo para afrontarla.

Las declaraciones se dan en el umbral de una cuarta ola de calor que puede ser perjudicial para el control de los fuegos existentes, ante la sequía y altas temperaturas.

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