El conglomerado reclama mil 500 millones de dólares por presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales y del derecho internacional, así como por supuestos daños ocasionados a sus inversiones, de acuerdo con un comunicado divulgado por la multinacional.

CK Hutchison sostiene que la controversia se deriva de una serie de decisiones y actuaciones del Estado panameño que, a su juicio, afectaron los derechos vinculados con la concesión de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria encargada de operar ambos puertos.

El conflicto escaló a partir de 2025, cuando, según la empresa, las autoridades panameñas emprendieron investigaciones y acciones dirigidas a cuestionar la situación jurídica de la concesión, así como la constitucionalidad de los derechos contractuales de PPC.

La controversia adquirió una nueva dimensión el 23 de febrero de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley número 5 de 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato entre el Estado y PPC para el desarrollo, construcción, operación y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial número 30468 y posteriormente las autoridades panameñas asumieron el control de las instalaciones portuarias.

CK Hutchison afirma que durante la intervención fueron afectados bienes, equipos, tecnología, documentos, materiales confidenciales y personal de la compañía, situación que, según su versión, ocasionó daños adicionales y motivó una notificación complementaria dentro del proceso de protección de inversiones.

La empresa había notificado a Panamá sobre la controversia el 4 de febrero de 2026, al amparo del tratado internacional de protección de inversiones, y sostiene que durante los meses posteriores no recibió propuestas suficientes para solucionar el diferendo.

Paralelamente, la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad mantiene una investigación relacionada con la concesión, mientras la Contraloría General de la República realizó una auditoría a PPC.

El contralor Anel Flores informó en abril de 2025 que esa revisión había determinado una presunta lesión patrimonial al Estado por mil 337 millones de dólares, cifra cuestionada en el marco de la disputa entre la empresa y las autoridades panameñas.

CK Hutchison sostiene que las reclamaciones derivadas del tratado de inversiones son independientes del arbitraje contractual que mantiene su subsidiaria PPC y rechazó que ambos procedimientos puedan ser considerados equivalentes debido a las diferencias jurídicas entre la multinacional, su filial y los respectivos contratos.

La compañía acusó además al Gobierno panameño de haber desarrollado acciones encaminadas a sustituir a Panama Ports Company y cuestionó el manejo de la controversia por parte de las autoridades.

El conglomerado manifestó su disposición a buscar una solución al diferendo, pero advirtió que continuará defendiendo sus derechos e intereses económicos y se reservará todas las acciones legales contempladas por los tratados internacionales.

El nuevo arbitraje abre así otro frente jurídico en la disputa por las terminales de Balboa y Cristóbal, en un caso de particular relevancia para Panamá por su vinculación con la actividad portuaria y el funcionamiento de la principal ruta interoceánica y en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el control del Canal, bajo supuesta influencia china, lo que niegan autoridades de ambos países.

mem/ga