La decisión consta en el Mandato de Puyuk 2026, presentado este lunes en Quito tras la celebración del XII Foro Social Panamazónico (Fospa), que reunió del 16 al 21 de agosto en la ciudad ecuatoriana de Puyo, provincia de Pastaza, a más de dos mil personas de 31 países, según los organizadores.

El documento considera a la Amazonía un territorio vivo, fundamental para la biodiversidad y el equilibrio climático del planeta, pero advierte sobre amenazas cada vez mayores por la explotación minera y petrolera, la agroindustria, el narcotráfico, la expansión de carreteras y proyectos hidroeléctricos y la deforestación.

El texto indica que a ello se suman los efectos del cambio climático y las denominadas falsas soluciones, factores que acercan a la región a un punto de no retorno.

“Frente a esta realidad, declaramos a la Amazonía en estado de emergencia como medida de protección y prevención”, señala el mandato.

Natalia Greene, representante del Comité Nacional del Fospa y directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, destacó este lunes en rueda de prensa que el encuentro permitió acordar acciones concretas y no solamente formular demandas a los gobiernos.

“No solamente exhortamos a los gobiernos, sino que lo vamos a hacer, compañeros. Trabajamos por la Amazonía y trabajamos por un solo territorio”, afirmó.

Asimismo, Greene señaló que entre las acciones previstas figura la posibilidad de impulsar un litigio a escala de toda la cuenca amazónica para defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos.

La activista exhortó al Gobierno ecuatoriano a cumplir el resultado de la consulta popular de 2023 sobre el bloque petrolero 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la que ganó la opción de mantener el crudo bajo tierra.

También cuestionó una eventual reapertura del catastro minero en Ecuador y defendió el impulso de actividades económicas alternativas desarrolladas por las propias comunidades.

Gustavo Redín, del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, destacó la participación en el Fospa de las nacionalidades indígenas ecuatorianas y de organizaciones de otros países amazónicos comprometidas con la defensa de sus territorios y de la naturaleza “con o sin apoyo de los gobiernos”.

Por su parte, la vicepresidenta de la nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Ene Nenquimo, cuestionó el manejo estatal del territorio indígena y reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales que protegen sus derechos.

Siempre los gobiernos hablan sobre el supuesto desarrollo para el país y para la nacionalidad como territorio, pero hasta el momento no vemos ningún beneficio, ni para el pueblo waorani ni para el Ecuador, solo vemos el impacto ambiental, social, económico, sostuvo Nenquimo.

Líderes de otros grupos indígenas también exigieron el cumplimiento de las sentencias nacionales y del sistema interamericano favorables a los pueblos, así como la reparación y restauración integral de los territorios afectados.

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