La normativa recibió 83 votos favorables de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y legisladores independientes aliados del Ejecutivo, mientras Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik votaron en contra.
La normativa, que permite a los militares actuar junto a las fuerzas policiales en tareas contra el crimen organizado y en casos de grave conmoción en el sistema penitenciario, es una reforma constitucional aprobada en consulta popular en abril de 2024, pero que hasta ahora no se había reglamentado.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, de ADN, defendió el proyecto y aseguró que garantiza los derechos humanos, no suspende garantías constitucionales ni modifica las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La norma establece que el pedido de apoyo deberá ser presentado de forma motivada por el comandante general de la Policía al presidente de la República, quien solicitará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un informe sobre la necesidad y alcance de la intervención.
El informe deberá emitirse en 48 horas y posteriormente el presidente convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para elaborar un informe definitivo.
Con esos elementos, el mandatario tendrá 48 horas para emitir el decreto que autorice la cooperación.
El apoyo militar no podrá superar los 180 días, aunque podrá prorrogarse por otros 30, y el Ejecutivo deberá notificar el decreto a la Asamblea y a la Corte Constitucional para el control posterior correspondiente.
Durante el debate de este martes en el pleno parlamentario, la asambleísta Paola Cabezas, de la RC, reconoció la necesidad del apoyo militar ante la inseguridad, pero cuestionó que la versión aprobada eliminara disposiciones sobre fiscalización, uso progresivo de la fuerza y responsabilidades de funcionarios que excedan sus atribuciones.
El legislador socialcristiano Alfredo Serrano también señaló diferencias entre los textos de primer debate y el aprobado, entre ellas la eliminación de la obligación presidencial de presentar informes a la Asamblea y la Corte Constitucional.
Ahora el proyecto será enviado al presidente Daniel Noboa, quien podrá vetarlo o disponer su publicación en el Registro Oficial.
Desde enero de 2024 Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, aunque pese a esa y otras medidas Ecuador cerró 2025 con un récord de más de nueve mil homicidios.
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