Los afectados viajaron de la costa hasta Quito para reclamar información sobre tres embarcaciones atacadas durante 2026, entre ellas el Fiorella, cuyos ocho tripulantes permanecen desaparecidos.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Jahiren Noriega pidió a la Comisión de Seguridad que active la fiscalización del caso.

“Han pasado más de cuatro meses y este proceso de fiscalización no ha iniciado: hoy debemos recibir a los pescadores sobrevivientes y a los familiares de los desaparecidos”, sostuvo.

Sin embargo, los demandantes no fueron recibidos este martes en el organismo parlamentario.

“Esta no es la casa del pueblo: es una Asamblea controlada por Daniel Noboa y administrada por quienes obedecen sus órdenes. Podrán cerrarles las puertas a nuestros pescadores, pero no podrán silenciar su lucha ni su exigencia de justicia”, afirmó la legisladora de la RC Mónica Palacios.

Desde las afueras de la sede legislativa y rodeado de los pescadores sobrevivientes y los familiares, el también asambleísta de la RC Fernando Cedeño reclamó explicaciones sobre los casos de las embarcaciones Don Maca, Fiorella y Negra Francisca Duarte II, atacadas en aguas ecuatorianas.

Las tripulaciones del Don Maca y Negra Francisca Duarte II fueron posteriormente entregadas a autoridades de El Salvador y de ahí retornaron a Ecuador, mientras ocho tripulantes del Fiorella continúan desaparecidos.

Cedeño atribuyó los ataques a fuerzas estadounidenses, con base en los testimonios de los sobrevivientes y a una investigación del diario The Washington Post, y cuestionó que el Estado ecuatoriano no haya emitido una nota diplomática de protesta por la presunta vulneración de la soberanía.

Uno de los pescadores relató a la prensa que varios drones atacaron su embarcación mientras realizaban faenas y dijo que posteriormente otra nave se aproximó para auxiliarlos.

Según su testimonio, los pescadores subieron a esa embarcación, pero fueron esposados y encapuchados.

Otro sobreviviente describió las lesiones que sufrió durante el ataque, entre ellas daños en el oído y la visión provocados por las explosiones.

Por su parte, María Mero, esposa de uno de los ocho pescadores desaparecidos, pidió al presidente Daniel Noboa esclarecer el paradero de los trabajadores y rechazó cualquier señalamiento que los vincule con actividades ilícitas.

“Ellos son unos pescadores, ellos no llevan ninguna droga”, afirmó Mero, que conserva la esperanza de encontrarlos con vida.

Los ataques cobraron repercusión internacional tras la revelación de The Washington Post que vinculó los hechos con una presunta operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, algo que el Gobierno de Ecuador no ha desmentido.

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