Moncayo fue una de las nueve menores que impulsó una demanda que terminó en una sentencia favorable en 2021 y que ordenó retirar, en 18 meses, los mecheros ubicados cerca de centros poblados.

“Lo que estamos reclamando es el incumplimiento de esta sentencia”, dijo a Prensa Latina durante un recorrido por Parahuacu, en la provincia de Sucumbíos, donde el humo, el ruido y las llamas de las instalaciones petroleras forman parte del paisaje cotidiano.

La joven, que tiene ahora 16 años y ha crecido rodeada de Mecheros, cuestionó que, cinco años después del fallo, no se haya eliminado siquiera la mitad de los mecheros que estaban próximos a las poblaciones.

Denunció que algunas estructuras habrían sido tapadas, encapsuladas, ocultadas o trasladadas y posteriormente contabilizadas como mecheros eliminados.

“Hasta el día de hoy no vemos la eliminación”, afirmó en declaraciones a esta agencia a pocos metros del mechero de Parahuacu, donde el calor se siente y parecería estar dentro de una olla de presión.

Allí, la joven, junto a otras de las niñas demandantes, explicó que los efectos de estas instalaciones no se limitan al resplandor que acompaña las noches amazónicas o al calor.

“Impactan muy fuerte tanto en el agua, en el aire y hasta en tierra”, relató Moncayo, que recomendó no estar mucho tiempo cerca ya que las emisiones podrían provocar dolor de cabeza.

Según explicó, la quema permanente del gas libera contaminantes a la atmósfera que posteriormente regresan con la lluvia y afecta las fuentes de agua utilizadas por las comunidades.

La contaminación -aclaró- también alcanza el suelo y afecta organismos del subsuelo fundamentales para mantener la vida y la fertilidad de la tierra.

“Ese aire, ese oxígeno es el que nosotros como seres humanos y como también los demás animales y toda la naturaleza que existe aquí sigue siendo afectada porque respira esa contaminación”, señaló.

Las organizaciones aseguran que la combustión libera más de 250 sustancias tóxicas y que sus efectos pueden alcanzar poblaciones ubicadas hasta 10 kilómetros de distancia.

Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco-Chevron (Udapt) y otros colectivos entregaron en mayo pasado al Ministerio de Ambiente y Energía miles de firmas de una campaña internacional que exige el cierre de los mecheros.

La sentencia del 29 de julio de 2021 determinó que el Estado vulneró los derechos a un ambiente sano y a la salud de las comunidades amazónicas, además de obligaciones relacionadas con la mitigación del cambio climático.

Cinco años después, existe una acción de incumplimiento pendiente ante la Corte Constitucional y las organizaciones esperan que el máximo tribunal convoque una audiencia de seguimiento.

Para quienes como la joven Leonela crecieron junto a los campos petroleros el fuego de los mecheros es una imagen del paisaje cuyos componentes tóxicos llegan al aire que respiran, al agua que consumen y a la tierra que habitan. car /avr