En un comunicado divulgado aquí en medios de prensa del poder ciudadano, la organización rechazó las interpretaciones difundidas tras el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado el pasado 19 de julio.
El CES-RPS cuestionó la difusión de fragmentos de la intervención del copresidente Daniel Ortega, al considerar que fueron presentados fuera de contexto para generar la percepción de que en Nicaragua se eliminarían las elecciones.
A juicio del comité, esa interpretación no corresponde con el contenido íntegro del discurso ni con el proceso político que desarrolla Nicaragua.
El organismo sostuvo que la manipulación de las declaraciones del dirigente nicaragüense forma parte de una estrategia para desacreditar al país y justificar nuevas formas de injerencia externa.
En ese sentido, defendió el derecho de cada pueblo a construir sus propias instituciones de acuerdo con su historia, cultura y necesidades, sin la imposición de un modelo único de democracia.
El CES-RPS destacó que el modelo nicaragüense combina la representación electoral con mecanismos de participación directa y permanente de la ciudadanía.
Entre esos mecanismos mencionó la participación de comunidades, barrios y organizaciones sociales en consultas y en la elaboración de políticas públicas.
También señaló los espacios de articulación comunitaria relacionados con áreas como salud, educación, vivienda, infraestructura y producción.
El comité destacó además el actual proceso nacional de consulta sobre la propuesta de Reforma Parcial de la Constitución, en el que ciudadanos, organizaciones e instituciones realizan aportes antes de su aprobación definitiva.
Según el comunicado, la reforma busca fortalecer la democracia participativa, la soberanía nacional, la paz y la independencia, además de reforzar las garantías frente a posibles injerencias extranjeras.
El CES-RPS afirmó que Nicaragua tiene derecho a debatir y aprobar las modificaciones constitucionales que considere necesarias mediante los procedimientos establecidos en su ordenamiento jurídico.
Asimismo, rechazó que otros países pretendan erigirse en jueces de la democracia nicaragüense y defendió el principio de libre determinación de los pueblos.
Por último, reiteró su respaldo al pueblo y Gobierno de Nicaragua y a su derecho soberano de definir el modelo político e institucional que considere adecuado para garantizar la paz, justicia social, independencia y desarrollo.
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