Ese dato forma parte de un estudio de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas que reclama poner fin a los enfoques punitivos contra niños y adolescentes involucrados en mercados de sustancias ilícitas y priorizar medidas de protección, salud y derechos humanos.

De acuerdo con el documento, exactamente el 27 por ciento de los cerca de 12 mil adolescentes sometidos en Brasil durante 2023 a medidas socioeducativas con restricción o privación de libertad se encontraba internado por delitos relacionados con el narcotráfico.

La proporción aumentó frente a la cifra de 2020, cuando representaba el 24 por ciento, expuso el reporte.

Señaló que la participación de menores en actividades vinculadas con dicho problema debe ser analizada también desde la perspectiva de la explotación y la vulnerabilidad, y no exclusivamente como una conducta delictiva.

En Brasil, apuntaron reportes de prensa, las normas reconocen la participación de niños y adolescentes en el tráfico como una de las peores formas de trabajo infantil y establecen la necesidad de garantizar su protección.

Sin embargo, la Comisión advirtió que algunos menores continúan siendo detenidos y sometidos a medidas punitivas sin que se consideren adecuadamente situaciones de coerción, explotación o vulnerabilidad.

También, el informe propuso sustituir el encarcelamiento de menores por consumo, posesión o venta de drogas por mecanismos de desjudicialización, justicia restaurativa y respuestas comunitarias.

Recomendó ampliar los servicios de salud dirigidos específicamente a niños y adolescentes, garantizar el acceso a medicamentos sometidos a control y reconocer como víctimas a los reclutados o explotados por organizaciones vinculadas con mercados ilícitos.

A criterio de la Comisión, las experiencias y opiniones de niños y adolescentes deben incorporarse a la elaboración de las políticas públicas sobre drogas.

Datos del análisis puntualizaron que unos 410 mil menores son encarcelados anualmente en prisiones y centros de detención del mundo, como consecuencia de políticas relacionadas con los estupefacientes.

Dicho estudio fue elaborado a partir de consultas con unas 150 personas de 47 países, incluidos niños y jóvenes, profesionales de la salud, especialistas, funcionarios públicos y representantes de organismos de Naciones Unidas.

Uno de los participantes brasileños en el informe, el juez Eduardo Melo, del Tribunal de Justicia de Sao Paulo y consejero de la Asociación Internacional de Jueces de la Infancia y la Familia, cuestionó que esos menores sean tratados principalmente como infractores.

Tal enfoque, consideró, contribuye a la estigmatización y puede favorecer la repetición de conductas perjudiciales, en lugar de atender las condiciones sociales que rodean la participación de los adolescentes en esos mercados.

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