Uno de los principales debates políticos de los últimos días estuvo centrado en la reforma de la ley electoral, luego que el Senado aprobara el jueves una enmienda de la mayoría que reintroduce el voto de preferencia, ausente de las elecciones parlamentarias desde 1993.

La iniciativa permite al elector expresar hasta tres preferencias, con alternancia de género, aunque mantiene listas con cabezas bloqueadas. La oposición cuestionó el mecanismo y reclamó la eliminación de los candidatos designados.

El proyecto contempla además un sistema con premio de mayoría para la fuerza o coalición que alcance al menos 42 por ciento de los votos, dentro de una reforma que el oficialismo de derecha vincula con la estabilidad política de cara a las elecciones parlamentarias de 2027.

En el terreno económico, la preparación del presupuesto del próximo año generó nuevas diferencias dentro de la coalición gobernante.

El partido Liga planteó que los bancos aporten entre dos mil y tres mil millones de euros mediante una tasa sobre sus beneficios, mientras el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, defendió una mayor competencia en el sector.

El Ejecutivo también prorrogó hasta el 17 de septiembre la reducción temporal de los impuestos sobre los combustibles, ante la presión derivada del encarecimiento internacional de la energía. La medida forma parte de un paquete cuyo costo para el Estado supera ya los dos mil 600 millones de euros.

En materia energética, Meloni anunció medidas para acelerar los permisos destinados a la extracción nacional de petróleo y gas. Roma prevé recurrir a comisarios especiales cuando las administraciones locales demoren decisiones sobre proyectos considerados estratégicos. El plan busca reducir la dependencia italiana de las importaciones energéticas, en un contexto internacional de fuertes tensiones en los mercados de hidrocarburos y con una producción nacional insuficiente para el país.

La situación de la planta siderúrgica de Taranto, antiguo complejo Ilva, constituyó otro de los principales focos de atención. El Tribunal de Apelación de Milán confirmó la orden de paralizar los altos hornos por deficiencias en las garantías ambientales, decisión que amenaza el futuro de una instalación considerada estratégica para la industria nacional.

Pero la planta emplea directamente a unas ocho mil personas y su cierre plantea un problema industrial y laboral de grandes dimensiones.

Este viernes, el país lamentó la muerte de Emma Bonino, a los 78 años de edad, histórica dirigente radical, una de las principales figuras de la política italiana y europea durante las últimas cinco décadas, con una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos civiles, la emancipación de la mujer, la legalización del aborto y la construcción europea.

Mientras tanto, Venecia concentra la atención cultural con la clausura, prevista para hoy, del 83 Festival Internacional de Cine. El certamen, celebrado del 2 al 12 de septiembre, reunió 21 filmes en competencia oficial y contó con una destacada presencia italiana.

Así, la semana deja al Gobierno de Meloni ante varios desafíos simultáneos: culminar la reforma electoral, definir las prioridades del presupuesto de 2027, responder a las dificultades de la industria siderúrgica y garantizar el abastecimiento energético, asuntos que deben dominar la agenda política italiana durante los próximos meses.

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