Esta es la propuesta que deberán debatir diputados y senadores en el Palacio Legislativo donde se esperan candentes debates.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Agencia I+D+i (órgano que financia la investigación científica), el Instituto Nacional de Tecnología Industria y el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola sufrirán recortes en términos reales, según el proyecto presupuestario.

Esos organismos recibirán partidas para acompañar la inflación prevista en la propuesta del 18 por ciento que vaticina el Gobierno para 2027. Empero, en caso de que ese vaticinio optimista de expectativa inflacionaria se incumpla, volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales.

Ese nuevo golpe se produce cuando aún no pudieron recuperar la pérdida del 35 por ciento de sus ingresos reales desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023.

El Presupuesto 2027 de Milei destina 7,34 billones de pesos (4.852.112 dólares) a las universidades nacionales, una cifra muy alejada de los más de 11 billones exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todo el país.

Además, los rectores reclaman por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que está vigente pero es ignorada por el Poder Ejecutivo, y anticipan una fuerte conflictividad con nuevos paros y una quinta marcha nacional.

La propuesta presupuestaria ratifica la política de ajuste de la Casa Rosada para sostener el equilibrio fiscal como eje central de la política económica.

En sus lineamientos generales, el gobierno espera un crecimiento del PBI del 4 por ciento anual, inflación de 18 por ciento y un dólar a 1.847,6 pesos para fin de año; todo un gran desafío tratándose de un año electoral que, como es habitual en la historia argentina, promete turbulencias cambiarias.

De hecho para 2026 el Ejecutivo calculaba 10,1 por ciento de inflación y en los primeros ocho meses acumuló más del doble (21,3 por ciento).

El proyecto ratifica una política de sostenido ajuste contra las personas con discapacidad, incluso a pesar de leyes y fallos judiciales que ordenan al Ejecutivo cumplir con las prestaciones y garantizar fondos, que de igual modo incumplió sistemáticamente.

Ahora, este presupuesto asesta un nuevo golpe al eliminar la actualización obligatoria, mensual y automática de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

En cuanto al Régimen de Asignaciones Familiares, el ejecutivo propone derogar tres artículos claves que establecen la movilidad de esos beneficios en función del índice de inflación. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo y discapacidad.

El golpe también se le asestará a las asignaciones por nacimiento o adopción, a la ayuda escolar y hasta por matrimonio para parejas pobres.

Con esa proposición, se pueden ver afectadas unas cuatro millones 144 mil personas que reciben la AUH; 3,3 millones que cobran ayuda escolar y alrededor de 91 mil la asignación por embarazo.

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