La diligencia, que se instaló en la madrugada en el Cuartel Modelo de Guayaquil, transcurrió bajo reserva y trató el denominado caso Laberinto.

Según la hipótesis del Ministerio Público, hubo un ingreso de recursos de origen ilícito al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento político al que pertenece González y que rechazó esas acusaciones.

Durante la audiencia la excandidata rechazó los argumentos de la Fiscalía sobre un supuesto riesgo de fuga, en particular la referencia a sus 60 viajes al exterior, y se catalogó como una “perseguida política”.

En un audio difundido en su cuenta de la red social X, se escucha la dirigente opositora afirmar que esos desplazamientos fuera del territorio nacional corresponden a más de una década y que regresó al país después de cada viaje.

Explicó que su hijo estudia en Quito y que por motivos laborales y familiares se traslada entre esa ciudad y el cantón Chone, localidad rural en la provincia costera de Manabí, donde fue detenida.

También aludió a la edad y al estado de salud de sus padres, que sufren cáncer e insuficiencia renal, y recordó que regresó a Ecuador en varias ocasiones después de un primer allanamiento a su domicilio en enero de este año.

González, que disputó la jefatura del Ejecutivo en 2023 y 2025, afirmó que se defenderá ante la justicia y reiteró que se considera inocente pese a que enfrenta alrededor de 19 investigaciones fiscales.

La audiencia fue suspendida y se espera que en unas horas el juez la reinstale para emitir su fallo.

La detención de González causó un revuelo en el ámbito nacional, donde diversas organizaciones políticas y sociales se pronunciaron contra la aprehensión.

“La prisión preventiva debe ser excepcional y estar debidamente justificada, no puede convertirse en un instrumento de castigo anticipado”, manifestó Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

La titular de la RC, Gabriela Rivadeneira, consideró el hecho como parte de la persecución política contra el partido y llamó a movilizaciones para exigir la libertad de su coidearia, a quien calificó de prisionera política.

Rivadeneira afirmó la víspera en una rueda de prensa que el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos” a pocas semanas de los comicios locales.

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