Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) desplegaron este jueves carteles en sus curules de la Asamblea Nacional para denunciar lo que califican como un secuestro.

“¡Una semana de injusticia y de atropello a la libertad de nuestra compañera, amiga y líder, Luisa González!”, expresó el legislador de la RC Guido Mendoza, quien acusó al Gobierno de Daniel Noboa de mantenerla privada de libertad mediante una decisión arbitraria.

Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez afirmó que el caso Laberinto, por el cual es investigada la dirigente de la RC, refleja “persecución y la más vil cobardía autoritaria” y sostuvo que los ataques contra la oposición no lograrán silenciarla.

También un grupo de mujeres reunidas en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en Quito, reclamó la libertad de la representante opositora, dos veces candidata a la presidencia.

González permanece recluida en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, desde el viernes pasado, tras ser detenida durante la madrugada del jueves anterior.

Su abogado, Diego Guarderas, informó que apeló la prisión preventiva y argumentó que su defendida no representa riesgo de fuga y cuenta con arraigo laboral, social y familiar en el país.

El jurista cuestionó que se atribuya a González responsabilidad penal por actuaciones de terceros y sostuvo que la investigación no demuestra que conociera el supuesto origen ilícito de los fondos utilizados en la campaña presidencial de 2023, en la que compitió con el actual mandatario.

La Fiscalía indaga una supuesta estructura delictiva que habría introducido más de 500 mil dólares de origen ilícito en la campaña de la RC y el juez Harry Navarrete acogió el pedido prisión preventiva para la excandidata.

Según el abogado, las indagaciones se apoyan, entre otros elementos, en información extraída de un teléfono vinculado con un colaborador del caso Triple A.

El defensor sostuvo que los mensajes supuestamente relacionados con aportes electorales no prueban que González conociera esas operaciones y señaló que la candidata no estaba a cargo de administrar los recursos de campaña.

“Ella se ha convertido en un símbolo emblemático de la persecución política, una mártir en este tortuoso procedimiento que le han aplicado para callar su voz como principal voz opositora del país”, afirmó Guarderas en entrevista con la emisora local MQ Radio.

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