En un intercambio con periodistas, el funcionario se refirió a la renovación del mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en suelo neogranadino y a la exclusión de sus funciones de la supervisión de los avances en materia agraria.

Señaló que, a partir de ahora, el equipo se centrará solo en la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los y las excombatientes y las garantías de seguridad para los y las firmantes de paz, las comunidades y organizaciones.

A su juicio, esos ejes de trabajo son temas esenciales para consolidar la paz y la seguridad en el país.

“La reforma rural integral deja de ser objeto de nuestra verificación, pero continúa siendo un punto esencial del acuerdo final, cuya implementación constituye un compromiso del Estado colombiano, tal como lo expresó el señor ministro de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad”, enfatizó.

Aseguró Jenča que, con la renovación del mandato, la misión mantendrá su presencia en 29 oficinas territoriales desplegadas en 10 departamentos y 12 equipos móviles.

También consideró que la extensión del trabajo de ese grupo en Colombia entraña una muestra de confianza en la institución y una señal de que la comunidad internacional acoge con beneplácito los avances logrados en el camino hacia la paz y reconoce los desafíos que aún persisten.

El Consejo de Seguridad de la ONU retiró de las funciones de la Misión de Verificación el punto rural justo cuando en el país hay denuncias de que el actual gobierno acomete una contrarreforma agraria.

Recientemente, el líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, alertó que las políticas adoptadas por el presidente de Abelardo de la Espriella van en detrimento de los derechos campesinos.

El congresista afirmó que la administración, a través de su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lleva a cabo una “contrarreforma agraria” orientada a paralizar la restitución de tierras al campesinado y, en su lugar, agilizar la devolución de predios confiscados a redes del narcoparamilitarismo.

Asimismo, alertó sobre el nombramiento de 14 funcionarios en puestos clave del sector agrario que tendrían relaciones profesionales, corporativas o de negocios previas con el bufete privado De La Espriella Lawyers y con el propio ministro Dangond.

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