Acompañado por Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo; Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y María Eugenia Rucián, presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos, Saab expuso las razones de esta nueva instancia.

El fiscal general explicó que el comité está integrado por familiares de los 28 fallecidos durante los sucesos poselectorales del 29 y 30 julio último cuando los llamados comanditos, aupados por la ultraderecha, desataron la violencia contra el pueblo venezolano y los bienes públicos y privados.

Se trata de visibilizar de manera clara e inequívoca un hecho que fue manipulado y distorsionado por los grandes medios de comunicación internacionales, comentó.

Subrayó que estos “hablan de manera parcial, sesgada y distorsionada de lo que pasó el 28 de julio” y los victimarios los presentan como dolientes cuando fueron ellos los que promovieron y alentaron la violencia e instruyeron a los mal llamados comanditos a tomar el país por asalto.

Destacó asimismo que fue la rápita actuación del Estado venezolano la que impidió escalará la ola de violencia, extendida prácticamente a todos los estados del país.

Saab reiteró que va a haber justicia para las 28 personas fallecidas y los 195 lesionados durante esos dos días, además de contabilizarse 500 centros incendiados o destruidos, entre ellos centros educativos de los diferentes niveles, 254 módulos policiales y 41 centros de salud.

El titular del Ministerio Público puntualizó que como parte del proceso desarrollado los órganos competentes realizaron mil 192 experticias para esclarecer los hechos y efectuaron 107 reconocimientos médicos.

Rememoró que como parte de las investigaciones y de la voluntad del Estado y Justicia venezolanos, 225 detenidos fueron favorecidos con medidas cautelares menos gravosas, y aseguró revisarán todos los casos, pero “va a haber justicia”.

El fiscal general insistió en que ninguna Organización No Gubernamental puede atribuirse logro alguno en esta materia porque “no forman parte del proceso penal en curso”.

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