La iniciativa, enviada la víspera a la Asamblea Nacional (Parlamento) por el mandatario Daniel Noboa, es considerada un retroceso por parte de representantes de algunos de esos colectivos.

Ricardo Buitrón, presidente del grupo Acción Ecológica, afirmó que esa medida busca criminalizar a personas que luchan por el cumplimiento de los derechos en Ecuador y pretenden vincularlos con organizaciones criminales.

Nos tratan como empresas, hablan de utilidades y dividendos, y en realidad somos organizaciones sin fines de lucro, afirmó el activista este miércoles en rueda de prensa, en la cual aseguró que acudirán a instancias nacionales e internacionales para evitar retrocesos.

La abogada en derechos humanos e integrante del Frente Nacional Antiminero, Erika Escorza, declaró a la emisora Radio Pichincha, que el proyecto de ley de Noboa genera desconfianza y presentarán un recurso ante la Corte Constitucional.

Luis Jacobo Corral, vocero del Frente Antiminero, señaló que el financiamiento proviene de las mismas comunidades y en una ínfima parte cuentan con recursos del exterior.

En opinión de Natalia Greene, de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, la conocida como Ley de Fundaciones busca controlar y silenciar a las voces disidentes.

No nos preocupa el control, sino la posibilidad de disolver colectivos que no cumplan con sus requisitos, somos organizaciones pequeñas sin capacidad para asumir la carga administrativa que van a exigir, comentó Greene.

Insistió en que «no podemos allanarnos a un presidente que viola la legislación».

«Me niego a creer que nosotros hemos elegido a una persona que puede plantear normas dictatoriales», subrayó.

En una entrevista reciente, Noboa anunció que con la propuesta legislativa busca evitar que se usen ese tipo de instituciones para ingresar dinero y “desestabilizar el país, sin ningún tipo de control”.

“No estoy atacando a las ONGs (organizaciones no gubernamentales), hay algunas que hacen un trabajo honorable y ayudan a las personas en Ecuador. Esas no tendrán problemas, porque explicarán de donde sale su dinero”, apuntó el mandatario.

Se trata del cuarto proyecto económico de urgencia remitido al órgano parlamentario por el gobierno ecuatoriano, que ya envió la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas, medidas también cuestionadas por parte de diversos sectores sociales.

Sobre el proyecto, el asambleísta Ricardo Patiño, de la Revolución Ciudadana, aseveró que su bancada no lo apoyará “porque es muy perjudicial que se impida a la gente asociarse y tener recursos para defenderse en la vida, con un Estado que los ha abandonado”.

No obstante, el oficialismo cuenta con el control del organismo parlamentario.

arc/avr