De acuerdo con un informe del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), la Ley 478 fortalece el marco jurídico contra ese flagelo y adapta la legislación del país istmeño a las últimas normativas internacionales en la materia.

El proyecto había sido aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional (parlamento) y entregado al Gobierno en octubre de 2024, pero el jefe de Estado la devolvió un mes después, con objeciones a ciertos artículos, por ser inconvenientes e inexequibles.

En ese sentido, el Legislativo modificó el contenido y estableció que la pena para los delitos de suplantación de identidad con fines ilícitos, usando datos informáticos, bases de datos o un sistema electrónico o adquiriéndolos de cualquier otra forma, será de cinco a 10 años de prisión.

También la nueva norma prevé condenas entre dos y cuatro años de cárcel por la creación, distribución y comercialización de contenidos y programas informáticos con el fin de cometer delitos contra la intimidad.

Mulino además suscribió la adhesión de Panamá al Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en Materia de Ciberdelincuencia (Madrid, 2014).

“El objetivo del convenio es reforzar la cooperación entre países para la adopción de medidas que ayuden al combate contra este tipo de delitos”, señala la nota oficial.

jha/ga