El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, arremetió en varias ocasiones contra el tribunal de garantías constitucionales por frenar de forma provisional artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional, impulsadas por su gobierno.
“No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen”, afirmó el mandatario, que convocó a una marcha contra la Corte el próximo martes 12 de agosto.
Sus declaraciones generaron cuestionamientos de juristas, políticos, organizaciones sociales y organismos internacionales.
“Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña.
Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”.
La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la Corte ecuatoriana “ha sido amenazada por otros poderes del Estado” y “los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias”.
Tras la suspensión parcial de las normativas impulsadas por Noboa, el gobernante anunció los temas para una consulta popular a fines de este año, entre ellos la posibilidad de llevar a juicio político a los jueces constitucionales.
La ministra de Gobierno Zaida Rovira negó que incluir esa interrogante sea una retaliación contra la Corte Constitucional, aunque criticó al organismo y lo calificó como “enemigo de la ciudadanía”.
Nobo anunció siete preguntas para el proceso consultivo, que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), hasta reducir el número de asambleístas, permitir la contratación laboral por horas, autorizar casinos, acabar con el financiamiento estatal de partidos y establecer bases militares extranjeras.
La Corte Constitucional ya dio el visto bueno al cuestionamiento sobre la instalación de bases foráneas, pero debe analizar el resto de las preguntas antes de la convocatoria oficial al proceso consultivo.
Durante una movilización popular de rechazo a recientes medidas del Ejecutivo y en respaldo a la independencia judicial, el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, afirmó que la Corte no debe someterse al poder de turno ni dejarse amedrentar por amenazas.
El dirigente criticó la propuesta del mandatario de realizar una consulta popular que costará más de 60 millones de dólares «mientras en hospitales no hay insumos ni textos escolares en las escuelas”.
La protesta de este jueves en Quito contó con la participación de representantes de unas 30 organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles y se replicó en otras ciudades, como Cuenca, en el sur del país.
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