A principios de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump despidió a cinco de los siete miembros del organismo impuesto al gobierno de esta isla del Caribe para controlar su finanza.

Ocho días después, el gobernante de la nación norteña también botó a Andrew Biggs de la JSF, dado que criticó la forma en que Trump la desarticuló, lo que dejó a John Nixon como único miembro designado, a partir de la legislación Promesa, acrónimo en ingles de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016.

La Junta de Supervisión Fiscal quiere proseguir con la bancarrota de la estatal AEE, según indica el diario El Vocero de Puerto Rico en su página digital.

La JSF considera que puede continuar con los procedimientos legales pendientes, incluyendo asuntos relacionados con la quiebra de la Autoridad, aunque queda un solo integrante activo tras las destituciones que hiciera el presidente Trump.

Según la publicación, en un informe solicitado por la jueza Laura Taylor Swain, la JSF aclaró que la única litigación activa y sin suspender es la Reclamación por Gastos Administrativos de la entidad eléctrica, la cual fue argumentada y sigue en curso ante la corte.

El ente fiscal reconoció que los bonistas de la AEE se oponen a que esa reclamación siga adelante, hasta que se designen nuevos integrantes.

El organismo subrayó que otros asuntos en los diferentes casos de bancarrota pueden proceder con normalidad, en línea con las instrucciones del tribunal y concluyó que, con un solo miembro en funciones, continuará operando en la medida de lo posible, hasta que se complete la integración de su membresía.

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