Para la docente universitaria Caroline Ávila, experta en temas de comunicación política, el anuncio busca desviar la atención, porque “el golpe a la agenda es tan grave que la única opción fue poner en la mesa la pregunta por una Constituyente, buscando cambiar la conversación”.

Desde la bancada opositora de la Revolución Ciudadana (RC) varias voces se pronunciaron de la misma manera contra la sugerencia del gobernante de cambiar la Carta Magna.

La legisladora de ese bloque Mónica Palacios consideró que es “otro distractor más” y acusó a Noboa de culpar a la Corte Constitucional de su “inoperancia e ineptitud para gobernar el país”.

“¿Por qué no puede respetar la democracia que existe en el #Ecuador? ¿Por qué no empieza a trabajar en las verdaderas necesidades de los ecuatorianos?”, cuestionó Palacios.

Gabriela Molina, también parlamentaria de la RC, coincidió en que la propuesta es un distractor porque “hay temas de mayor importancia”, mientras Raúl Chávez, legislador de la alianza Reto–RC, advirtió que la propuesta no resuelve los problemas urgentes.

El dirigente indígena Apawki Castro señaló que la iniciativa “es un claro distractor ante la ola de indignación y rechazo a la eliminación del subsidio al diésel”.

“El pueblo ecuatoriano es consciente y tiene dignidad. ¡Abajo el decreto 126, abajo la imposición del FMI!”, afirmó Castro en redes sociales.

Este miércoles, el presidente Noboa anunció que buscará incluir en la consulta popular de este año una pregunta sobre la convocatoria a la Constituyente bajo el argumento de que es necesario superar lo que llamó un “secuestro institucional” por parte de la Corte Constitucional.

Según la legislación vigente, el proceso requiere control previo de la propia Corte, un referendo ciudadano, la elección de los constituyentes, la redacción del nuevo texto y otro referendo de aprobación.

El anuncio ocurre en medio de protestas por la eliminación del subsidio al diésel y una creciente crisis sanitaria denunciada por pacientes y trabajadores de la salud. ro/avr