Según el expediente presentado ante las autoridades competentes, contra quienes adversaron las reformas a una ley sobre seguridad social se cometieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
El reporte detalla cronológicamente parte de los hechos ocurridos entre el 14 y 30 de junio de 2025, en el que más de mil 300 efectivos -entre policías, fronterizos y unidades aeronavales- tomaron por la fuerza ese occidental territorio.
Tras dos meses de paros y cortes de vías, también el Gobierno de José Raúl Mulino decretó el estado de urgencia e instruyó la suspensión de garantías constitucionales y el corte de comunicaciones en toda la provincia, medidas anticonstitucionales, según las denuncias.
Dentro del documento, de 61 páginas y que incluye entrevistas a víctimas, declaraciones de distintos actores y documentos de medicina forense, se establece que hubo acciones de “violaciones a los derechos humanos” con al menos 58 tipos de abusos.
Entre esos exabruptos identifican tratos crueles e inhumanos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, falta de acceso a la justicia, traslado de detenidos sin registros y violación del debido proceso.
Según explicó Jorge Guzmán, presidente de Copodehupa, se realizaron entrevistas a 108 personas entre los más de 300 detenidos durante el operativo, sobre todo de la ciudad de Changuinola.
Durante la investigación, agregó, la mayoría de las víctimas fueron detenidas en sus casas, donde en varios casos el único testimonio que sustentaba las acusaciones fue de miembros de la policía.
El informe coincide con lo planteado en junio pasado por la Defensoría del Pueblo, que también levantó un informe en el que describe similares denuncias y advierte de indicios graves de violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.
Tras la elaboración del reporte, en un periodo de tres meses, Guzmán señaló que el argumento de que existían numerosas pandillas en Changuinola y que estas se encontraban tras las manifestaciones, no ha podido ser corroborado con la evidencia recogida en los testimonios, documentos y procesos judiciales.
El estudio también menciona la desprotección laboral, con el despido masivo de más de cinco mil trabajadores bananeros de la trasnacional Chiquita; que se declararon en huelga contra la llamada Ley 462, cuestionada por afectar sus pensiones y derechos adquiridos.
La Copodehupa confirmó que presentarán los hallazgos a la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU y ante la Fiscalía, para exigir una investigación independiente y transparente.
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