Mediante un comunicado, la alianza de partidos de izquierda, movimientos indígenas y organizaciones sociales subrayó que los atentados, de manera coordinada, fueron ejecutados a través de redes delictivas con capacidad de operación tanto dentro como fuera de las cárceles.

Estos actos evidencian la articulación de estructuras ilegales que se valen de diversos niveles de infiltración y de posibles vínculos con actores políticos y sociales asociados al crimen organizado, describió la entidad en construcción.

Buscan generar temor, desestabilización y control territorial, acotó, mientras expresó su profunda solidaridad con las familias de los agentes caídos, con sus compañeros y con la institución de seguridad interior.

“Honrar su memoria implica redoblar los esfuerzos para erradicar las causas estructurales de la violencia, dignificar la función policial y garantizar la recuperación especialmente el control del Sistema Penitenciario (SP)”, remarcó.

Estos hechos confirman una realidad largamente denunciada por diversos sectores sociales: el problema de la seguridad nacional no es coyuntural, sino estructural, enfatizó la articulación.

El crimen organizado no se combate únicamente con el uso legítimo de la fuerza, sino mediante una estrategia integral que articule prevención, investigación criminal efectiva, persecución penal independiente y una administración de justicia pronta, cumplida y transparente, consideró.

Sin un Ministerio Público (MP) comprometido con la legalidad, sin jueces libres de presiones indebidas y sin un SP bajo control del Estado, la violencia seguirá reproduciéndose, añadió en el texto.

No es casual que estos actos se produzcan en un contexto de relevo y definición de autoridades clave para el sistema de justicia y para la vigencia del Estado de derecho, comentó el Frente.

Convocó a la sociedad civil, a los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias y a la ciudadanía a no bajar la guardia, a mantener la observancia democrática y a participar activamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En relación con la escalada de violencia, el propio presidente Bernardo Arévalo advirtió anoche que en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía, el MP optó por protegerlos.

Pidió únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley anti pandillas, denunció el mandatario.

Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala, aseveró el jefe de Estado a través de sus plataformas digitales, en relación con una situación que mantiene en tensión al país.

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