El 5 de abril de 2024, agentes ingresaron sin autorización a la sede diplomática y capturaron a Glas, quien contaba con asilo otorgado por el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, mientras su defensa insiste en que enfrenta un deterioro progresivo y requiere atención médica especializada.

Este domingo, en su cuenta de X, el exmandatario Rafael Correa calificó el suceso como un atentado jurídico.

“Hoy se cumplen dos años del secuestro de Jorge Glas, escandaloso atentado al derecho internacional y flagrante delito contemplado en el código penal ecuatoriano”, afirmó.

Subrayó que “Jorge es el preso político de América Latina en peores condiciones. Lo están matando en vida”.

El segundo aniversario de los hechos coincide con la reciente negativa de un habeas corpus a favor del exvicepresidente, cuya defensa alertó sobre un deterioro de su estado de salud en prisión.

“Yo me despierto con hambre, paso la tarde con hambre y me acuesto con hambre. Y la muestra de que mi hambre es real son 30 libras menos de peso. Tener a una persona con hambre de manera permanente, perdiendo peso, es una clase de tortura”, señaló Glas la víspera durante la audiencia judicial.

La abogada Sonia Vera, parte del equipo legal del exfuncionario, advirtió sobre el impacto de estas condiciones en su salud.

“Dos años después de la detención arbitraria e ilegal de Jorge Glas en la Embajada de México, el Estado ni siquiera garantiza lo más básico, una alimentación adecuada conforme a criterio médico de la nutricionista”, denunció la jurista.

Advirtió que el Estado ecuatoriano lo expone de manera reiterada y sistemática a un riesgo real de muerte.

Por su parte, Sacha Llorenti, del Comité internacional por la libertad de Glas y exrepresentante de Bolivia ante la ONU, también cuestionó el caso y dijo que “América Latina debe sentirse avergonzada”.

Llorenti aseveró que tras el “secuestro”, el político “está siendo sometido a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

No obstante, las autoridades ecuatorianas sostienen que no se han vulnerado los derechos del exvicepresidente, quien según el Ministerio de Salud, ha recibido 79 atenciones médicas desde noviembre y el organismo penitenciario indicó que cuenta con una dieta acorde con su estado.

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