Tal solicitud, tras considerar que el exlegislador amenazó a autoridades para favorecer políticamente a su padre, fue presentada en los alegatos finales remitidos a dicha entidad por el procurador general de la República, Paulo Gonet.

Este proceso analiza las gestiones de Eduardo Bolsonaro ante funcionarios estadounidenses con el fin de promover sanciones internacionales contra ministros del gobierno brasileño y magistrados del STF, y de imponer aranceles norteamericanos a exportaciones de su país.

La denuncia de la Procuraduría General fue aceptada por el máximo tribunal en noviembre pasado, al considerar que existían elementos suficientes para abrir una acción penal, recordó agencia Brasil.

Gonet sostuvo en sus alegatos finales que el exdiputado incurrió en conducta criminal al utilizar redes sociales y entrevistas de prensa para presionar a integrantes del STF y tratar de interferir en el juicio por el intento golpista del 8 de enero de 2023 tras las elecciones de 2022.

A criterio del procurador, Eduardo Bolsonaro actuó con la intención de obtener sanciones internacionales contra autoridades brasileñas para forzar la liberación de su padre y favorecer los intereses políticos y judiciales.

Se ha demostrado que el acusado realizó deliberadamente graves amenazas contra responsables del juicio, algunas de las cuales se llevaron a cabo, con el fin de favorecer los intereses de su padre y eximirlo de toda responsabilidad penal, afirmó Gonet.

También, la Procuraduría expuso que las acciones del exdiputado no se limitaron a declaraciones políticas, pues provocaron consecuencias concretas para Brasil, especialmente en sectores económicos afectados por las medidas anunciadas desde Estados Unidos.

La estrategia criminal, recalcó Bonet, culminó en pérdidas concretas para diversos sectores productivos afectados por los aranceles estadounidenses, y se perjudicaron trabajadores vinculados a esas cadenas económicas, totalmente ajenas a los procesos penales que se impugnan.

Desde el año pasado, Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos y perdió su escaño en la Cámara de Diputados por ausencias reiteradas a las sesiones parlamentarias, de acuerdo con las normas del Legislativo brasileño.

El STF y la Policía Federal mantienen abiertas investigaciones relacionadas con ataques a las instituciones democráticas, financiamiento de acciones violentas y articulación de intentos para desconocer el resultado de las referidas elecciones.

Durante el proceso en su contra, Eduardo Bolsonaro no designó abogado particular y fue representado por la Defensoría Pública de la Unión, que alegó que sus declaraciones están protegidas por la inmunidad parlamentaria prevista en la Constitución.

No obstante, para la Procuraduría, las acciones atribuidas al exparlamentario sobrepasaron los límites de la actividad política y buscaron intimidar a magistrados y autoridades mediante presiones foráneas.

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