En declaraciones a periodistas, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que el ejecutivo desplegará de manera urgente un equipo especial en el Bajo Aguán, zona que por décadas reportó gran conflictividad por el control de tierras, así como una intensa actividad del narcotráfico.
Velásquez adelantó que la operación estará conformada por agentes policiales, fiscales del Ministerio Público, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces y unidades de inteligencia para capturar a los responsables del múltiple crimen y desarticular estructuras criminales que operan en la región.
“Utilizaremos toda la fuerza del Estado para poner orden en la zona y dar con los responsables”, advirtió el funcionario, quien reiteró que la intervención será inmediata y permanente.
La reacción de las autoridades se produce tras la masacre reportada en la madrugada de este jueves en una finca de palma africana, ubicada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, en el caribeño departamento de Colón.
El ministro sostuvo que detrás de la violencia en la región no solo existen disputas relacionadas con tierras, sino también estructuras del crimen organizado fuertemente armadas.
“Este hecho no va a quedar impune. Cuando se comete un hecho de esta naturaleza, toda la fuerza del Estado se focalizará y vamos a encontrarlos”, aseguró.
La matanza registrada en Rigores ha provocado conmoción nacional y vuelve a colocar al Bajo Aguán en el centro del debate sobre seguridad, presencia del crimen organizado y la capacidad del Estado para recuperar el control en territorios dominados por grupos armados.
El gobierno afirmó que ya se inició la recolección de información para establecer una cifra exacta de fallecidos y esclarecer quiénes estarían detrás de este nuevo episodio de violencia que mantiene aterrorizada a la población de Colón.
Durante años, el conflicto en esa región del Caribe hondureño resultó en múltiples asesinatos, desalojos y criminalización de líderes campesinos.
Los enfrentamientos en el Bajo Aguán han sido un tema recurrente en la agenda de derechos humanos en Honduras, con múltiples denuncias sobre violencia, desalojos forzados y violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas.
Estas muertes son parte de una escalada de violencia, que busca quebrar la lucha campesina y continuar con el despojo de tierras recuperadas por la vía de la organización y la resistencia popular, según reiteradas denuncias de la Plataforma Agraria y el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
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