«Soy culpable. Culpable de amar al pueblo cubano. Culpable de creer que los niños cubanos merecen medicinas en lugar de sanciones. Culpable de creer que salvar vidas no debería ser tratado como un crimen», expresó Benjamin, cofundadora del grupo pacifista CodePink en publicaciones en la red social X.
La además periodista y escritora señaló que la administración Trump está «investigando a personas por llevar medicamentos a niños cubanos mientras defiende políticas que privan a esos mismos niños de comida, combustible y suministros médicos básicos».
En uno de sus mensajes en la plataforma de microblogueo pidió: «No investiguen la solidaridad» y en su lugar «investiguen el bloqueo (de más de seis décadas de Estados Unidos al país caribeño)». «Dejen en paz a Cuba», reclamó.
Una declaración de Benjamin con respecto a una presunta pesquisa gubernamental sobre el viaje a Cuba realizado en marzo de este año subrayó igualmente que «contrariamente a los rumores, no he recibido ninguna citación judicial por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Quizás una venga en camino».
Pero permítanme ser clara: no hicimos nada malo durante nuestro viaje a Cuba en marzo de 2026, afirmó. “Por el contrario, actuamos como ciudadanos estadounidenses con principios morales, tratando de llevar cierto alivio a una población que está siendo deliberadamente sometida al hambre por las crueles políticas de nuestro propio gobierno”, indicó el texto difundido en la página oficial de CodePink.
«Viajamos a Cuba bajo la categoría autorizada por el Gobierno de los Estados Unidos para la prestación de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Llevamos medicamentos y suministros médicos que se necesitaban con urgencia, en un momento en que Cuba sufre una escasez catastrófica provocada por el asfixiante bloqueo estadounidense», añadió.
Nos alojamos en hoteles explícitamente permitidos por las regulaciones de los Estados Unidos: hoteles de propiedad española aprobados para viajeros estadounidenses, explicó.
Resulta indignante que el Gobierno de los Estados Unidos tome represalias contra personas por llevar ayuda humanitaria a niños cubanos que sufren, indicó.
«Pero aún más inquietante es la política cruel y profundamente inmoral que los Estados Unidos continúan imponiendo a Cuba; una política diseñada para estrangular económicamente a la isla, privar a la población de alimentos, combustible, medicinas y artículos de primera necesidad, y hacer que la vida cotidiana resulte insoportable», enfatizó Benjamin.
Esta política ha contribuido a una escasez catastrófica de medicamentos y electricidad, apagones masivos, el colapso del transporte y una crisis de salud pública que ha afectado a los más vulnerables, especialmente a los niños y a los ancianos, argumentó.
Es una política que, literalmente, está matando bebés, recalcó la activista al insistir que “es por ello que centramos nuestras donaciones en suministros médicos destinados a hospitales pediátricos”.
Además del inmenso sufrimiento humano que están causando estas políticas estadounidenses, ahora escuchamos amenazas irresponsables sobre una invasión a Cuba; un camino que traería consigo caos, violencia y una crisis migratoria masiva, apuntó.
Recordó que año tras año, la comunidad internacional condena de manera abrumadora el bloqueo estadounidense a Cuba en la Asamblea General de la ONU.
“Los Estados Unidos deberían levantar el bloqueo, normalizar las relaciones con Cuba y permitir que el futuro de Cuba sea determinado por el propio pueblo cubano, y no por políticos estadounidenses ambiciosos ni por un pequeño grupo de extremistas cubanoamericanos de línea dura radicados en Miami”, sentenció.
“El presidente Trump ya tiene las manos llenas tratando de desvincularse de la desastrosa guerra que los Estados Unidos mantiene con Irán. No debería iniciar otra en Cuba. El pueblo estadounidense está harto de guerras interminables, intervenciones, sanciones y sufrimiento impuestos en nuestro nombre”, concluyó la declaración.
Según divulgaron medios estadounidenses en los últimos días, el Departamento del Tesoro emitió citaciones relacionadas con una supuesta investigación sobre posibles violaciones de sanciones vinculadas a viajes y actividades realizadas en Cuba durante el pasado mes de marzo y si las actividades pudieron implicar operaciones sujetas a restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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